La nueva actualización del informe ‘El veneno en España 2020’ (prohibido para eliminar predadores en 1983 y perseguido por el Código Penal desde 1995) evidencia que las provincias de Toledo y Ciudad Real, y en general Castilla-La Mancha, siguen teniendo un problema a la hora de acabar con estas prácticas vinculadas a la acción ganadera y cinegética, o a ambas.
Andalucía y Castilla y León, primera y segunda comunidad respectivamente en casos de fauna silvestre envenenada (sobre todo rapaces en peligro de extinción) también lo tienen, algo que en parte se explica por la extensión geográfica, volumen de población y áreas de dispersión de las principales víctimas: águilas imperiales y otras rapaces.
3 poblaciones de Ciudad Real en la lista negra
El estudio señala por primera vez las localidades consideradas ‘puntos negros’, es decir, en las que más casos se han detectado de uso de cebos envenenados que matan indiscriminadamente en veinticinco años. En un listado de algo más de treinta a nivel nacional aparecen tres de Ciudad Real y son Almodóvar del Campo, con el término municipal más extenso de la provincia (once), seguida de Agudo (diez) y Viso del Marqués (diez), en los puestos medios de una tabla que encabezan poblaciones del norte: Tudela, Bilbao, Zaragoza y Bunyola.
La quinta localidad en número de casos de veneno en el campo en esa lista negra es Albacete (diciesiete casos). En el listado también están tres poblaciones de Toledo Bargas, Gerindote y Polán con el mismo número de casos (diez) que Agudo y Viso del Marqués.
Los 10 pueblos con más casos en una década
El abanico, si nos detenemos en casos detectados en los últimos diez años en Ciudad Real, se amplia a diez localidades en las que además de las tres mencionadas aparecen también Carrión de Calatrava, Corral de Calatrava, Ciudad Real, Fuencaliente, Manzanares, Retuerta dle Bullaque y Villamayor de Calatrava.
En Castilla-La Mancha se avanzado en normas
Carlos Cano, experto en lucha contra el veneno de la organización ecologista WWF y uno de los autores del informe con datos desde 1992 a 2017, en colaboración con SEO/BirdLife, admite que no todo es malo, “en Castilla-La Mancha se avanzado mucho en legislación, muy estricta, y también en la creación de unidades específicas de agentes medioambientales especializados en la lucha contra el veneno”. De hecho Castilla-La Mancha cuenta con plan propio para combatir esta práctica que sigue arraigada a las zonas rurales.
Otras formas de eliminar zorros
El pero de los conservacionistas a la evolución en los últimos cinco años es la “cierta relajación”, según dice, en la presión de la administración para acabar convencer a los ganaderos de que “hay otras formas de eliminar a los zorros que atacan en época de parideras del ganado”, y pone como ejemplo de cursos de formación o jornadas de divulgación en esas poblaciones que necesitan más pedagogía en Ciudad Real han dejado de hacerse en los últimos dos años.
En el lado positivo, Cano subraya que a lo largo de estas dos décadas de actividad y beligerancia de las organizaciones conservacionistas, administración y cuerpos y fuerzas de seguridad, “el veneno ya no queda impune, se han conseguido importantes sanciones e indemnizaciones, y más de cien sentencias condenatorias, algunas muy relevantes en la provincia de Ciudad Real”, remarca.
Trabajo «desigual» en las comunidades
El informe también ha constatado un trabajo “desigual” en las comunidades autónomas. Andalucía se ha esforzado muchísimo por mejorar, “pero no es suficiente”, mientras que en otras comunidades más pequeñas en territorio como Euskadi y Baleares, en las que si se dividen los episodios de veneno por su nivel de superficie, lideran el ránking de casos.
Que el ministerio lidere la lucha contra el veneno en las CCAA
“Pedimos sobre todo al Ministerio para la Transición Ecológica que lidere y retome una mayor implicación en combatir el uso del veneno en el campo, y destine un trabajo más homogéneo y eficaz en tareas de formación y apoyo a agentes especializados y unidades caninas en la localización de los cebos”.
Los datos del último cuarto de siglo
En veinticinco años en España se ha confirmado la muerte por envenenamiento de 21.260 animales, en un total de 9.700 episodios . Cada episodio ha podido dar lugar a la muerte de varios animales y constituye un delito contra la fauna enmarcado en el artículo 336 del Código Penal.
Pero según los datos de los autores del informe, “son solo la punta del iceberg de este problema, siendo la dimensión mucho mayor ya que sólo se detecta una pequeña parte de los casos totales”. Se estima que estos datos registrados por las comunidades autónomas podrían suponer entre el 10 y el 15% del dato real que rondaría las 200.000 muertes.
200 casos en 2017, menos de la mitad que en 2010
Por tora parte se comprobado que en los últimos cinco años la tendencia al uso de veneno va a la baja. De 543 episodios detectados en 2010 en toda España, se ha pasado a 200 en 2017.
El uso ilegal de veneno genera un impacto muy grave en la biodiversidad española y afecta sobre todo a las rapaces (35%), seguidas de los animales domésticos de explotaciones ganaderas o de caza (21%) y de los carnívoros terrestres (9%).
Además el veneno “impacta en especies como el buitre negro, el buitre leonado, el alimoche, el quebrantahuesos o el milano real. Todas estas especies, en su mayoría amenazadas, junto a otros mamíferos, como el oso pardo, lobo ibérico, lince ibérico o zorro”. De las cinco primeras, España conserva algunas de las principales poblaciones mundiales y de ahí también la especial responsabilidad.
El veneno más utilizado en España es el carbamato aldicarb, sustancia prohibida desde 2007 y que aparece en el 40% de los episodios registrados, seguido del carbofurano (24% de casos), prohibido desde 2008, y la estricnina (5%), prohibida desde 1994.
