El Grupo Municipal Popular ha mostrado hoy su preocupación por el modelo de Zona de Bajas Emisiones que quiere implantar en Ciudad Real el equipo de Gobierno del PSOE y Ciudadanos ya que considera que tendrá efectos muy negativos en la actividad económica y comercial del centro de la ciudad.
Paco Cañizares ha recordado que, con un año de retraso desde su anuncio, por fin se ha conocido un primer borrador de la Zona de Bajas Emisiones de Ciudad Real que debería estar implantada, tal y como recoge la ley, el 1 de enero de 2023. “Vamos tarde y mal”, ha subrayado el portavoz popular quien ha informado de que la adjudicación de la Plataforma de Contratación que gestionará esta ZBE ha quedado desierta, tal y como se verá en la Junta de Gobierno Local del próximo lunes.
Además, ha recordado que si el objetivo es reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire lo primero que habría que hacer sería medir la calidad del aire que tenemos en Ciudad Real. “Y los únicos datos que aparecen en el documento sobre la calidad del aire son del año 2019, del Ministerio, y en los que de los cinco parámetros que recomienda la Organización Mundial de la Salud que se midan nos faltan dos”.
Igualmente, ha explicado que la implantación de la zona de bajas emisiones es una obligación legal para los municipios mayores de 50.000 habitantes pero que “tiene que estar fundada en algo”. En este sentido, ha añadido que la normativa recoge, textualmente que “la zona de bajas emisiones tiene que buscar mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero”.
“Sin embargo, el borrador de la ordenanza presentada por el PSOE y Ciudadanos de los 40 artículos que contiene sólo dos hablan de la calidad del aire, el resto son regulaciones de entrada y salida de vehículos al centro de la ciudad, horarios, etc”, ha añadido Paco Cañizares quien ha criticado que en ese documento no haya nada sobre otros aspectos importantes, que también recoge la ley, como el fomento de los desplazamientos a pie y en bici, la apuesta por el transporte público, aparcamientos disuasorios o la electrificación de la red, entre otros.
“Una buena prueba de esto es que la portavoz del equipo de Gobierno, Mariana Boadella, ya ha dicho que esta ordenanza se empezará a ejecutar en junio de 2023, después de las elecciones, cuando si estuvieran convencidos de que esa Zona de Bajas Emisiones iba a mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad la implantarían ya”, ha concluido.
