Las palabras de encabezamiento de estas líneas fueron fruto de una rueda de prensa de la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora Bastante, recogidas por los medios de comunicación con fecha 28 de septiembre de 2015 en relación con la paralización de la actividad de las empresas del centro de negocios del Hotel Cumbria, durante el “affaire” del cierre de este inmueble para que el establecimiento se adaptase a la normativa de seguridad.
Por otra rueda de prensa, en este caso del entonces Grupo Municipal Ganemos también del Ayuntamiento de Ciudad Real, conocimos la existencia de graves problemas asimismo de seguridad, en el espacio ahora de titularidad municipal de la calle del Espino, número 1, inscrito en el Catastro como de “uso deportivo” (la plaza de toros de la localidad) corroborados por dos informes, uno de ellos procedente de un profesional de la arquitectura y el otro, jurídico, elaborado por una abogada. De los cuales se puede deducir que, el mismo, también incumpliría la ley.
Con la verificación de la existencia de muchas incompatibilidades con el uso al que está destinado, al detectarse deficiencias alarmantes poder celebrar actos con afluencia de público en su interior de manera responsable y segura, se desprende que se crea improcedente realizar cualquier actividad hasta tanto no sean subsanadas en su totalidad.
Entre esas deficiencias señaladas se destacan, principalmente, las que tienen que ver con la ausencia de un sistema de detección y extinción automático de incendios, así como con su accesibilidad por la dificultad que supondría para un equipo de emergencia el acceso al edificio, principalmente en los niveles superiores.
Además, la promoción de cualquier evento en este espacio municipal supone un acto discriminatorio para las personas con movilidad reducida, con discapacidad visual o auditiva o para cualquier otra persona con capacidades diferentes, pues no dispone de las dotaciones necesarias para poder ser un edificio inclusivo, ya que existen riesgos de caída y atrapamiento que pueden ser muy elevados para ellas. Todo ello se traduce en un riesgo para la seguridad de las personas y de los trabajadores, y una imprudencia cuyas consecuencias podrían llegar a ser catastróficas para el caso de una situación de emergencia, pudiéndose producir graves accidentes por la práctica imposibilidad de evacuar el edificio, en un tiempo razonable.
Por nuestra parte, ya en octubre del año 2015 instamos a que por el Pleno del Ayuntamiento se dijera públicamente cuánto cuesta su mantenimiento anual, cuántos eventos se habían realizado en el último año, en cuántos de estos ha tenido dicho Ayuntamiento una participación económica y a cuánto ascendieron. Y en estos momentos preguntamos: a.- ¿A cuánto asciende, al día de hoy, la última obra de embellecimiento del espacio señalado?. b.-¿Unas declaraciones de la concejal portavoz del equipo de gobierno anterior, acerca de que “si se han realizado actividades en el sitio en cuestión, es porque se cumple la normativa” , cuentan con el apoyo de los técnicos municipales de la materia?. ¿Quién, además del concejal de seguridad, se haría cargo de la responsabilidad civil subsidiaria, en el caso de algún tipo de incidencia allí?.
Domingo Ruíz Toribio, Ramón Romero Delgado y Antonio Jesús Ruíz Roma
