Sólo tres acreedores se oponen a que CRIA pague el aeropuerto con el dinero que le debe Baleares

Belén Rodríguez Ciudad Real
Instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real a principos de año / Elena Rosa

Instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real a principos de año / Elena Rosa

Los administradores y la concursada son favorables a esta solución como una única vía para desencallar la venta al grupo de Gómez Arribas, adjudicatario provisional, que no pudo abonar los 53,3 millones que restan en el mes de abril. Este martes se espera una nueva resolución del juez Ordóñez

Sólo tres de las once alegaciones presentadas a la propuesta de CRIA de pagar el aeropuerto con el dinero que le debe el gobierno de Baleares (unos 87 millones de euros), han sido contrarias a esta fórmula, que planteó el jueves pasado Ciudad Real International Airport S.L. (CRIA), la adjudicataria provisional.

El grupo que preside el empresario Rafael Gómez Arribas (hasta ahora el único que ha estado cerca de comprar el aeropuerto), no pudo escriturar en abril, al ser incapaz de reunir los 53,3 millones de los 57 por los que se le adjudicó la infraestructura.

Pero CRIA no se ha resignado y el jueves presentó un escrito al juzgado que lleva el concurso en el que explica que el Tribunal Supremo ha declarado firme la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Baleares por la que se condena a esa comunidad al pago unos 87 millones de euros (cerca de 65 millones de euros de principal, más intereses legales desde mayo de 2009 -otros cerca de 22 millones de euros -) al administrador de CRIA.

Junto a esa resolución judicial CRIA aportó  también escritura notarial de reconocimiento de deuda y de cesión del crédito para pago del precio pendiente de pago  -53.390.000 de euros –  más las cantidades adeudas, según lo acordado en los autos de 23 de abril de 2018 y de 22 de mayo de 2018.

En el escrito presentado al juzgado de lo Mercantil de Ciudad Real CRIA ofrece la cesión del crédito que ha obtenido de la condena dineraria dictada por el TSJ de Baleares para pagar la totalidad del precio de compra del aeropuerto de Ciudad Real.

Los administradores concursales no se oponen

Carmelo Ordóñez, el titular del juzgado, hizo pública una providencia ese mismo día explicando a las partes el nuevo giro de los acontecimientos para que alegaran a favor o en contra. El viernes por la tarde, un vez vencido el plazo de alegaciones, Lanzadigital.com pudo confirmar que tanto los administradores concursales como la empresa concursada, en liquidación, no se oponen, siempre que se articulen mecanismos para que los acreedores cobren por adelantado, puesto que el Gobierno balear no ha hecho efectivo el pago.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado hoy que ha habido tres alegaciones contrarias de otras tantas empresas acreedoras y el resto favorables. Lo siguiente es que el magistrado Ordóñez dicte una nueva resolución este martes (se desconoce en qué sentido). De ser aceptada la propuesta la propuesta se supone que se debe dictar un auto que de por finalizado el proceso de venta, con la firma de la escritura notarial de compraventa en fecha 18 de julio de 2018, y la posterior publicación en el BOE.

Pago subrogado a un crédito

En la providencia del jueves Ordóñez explicó “que si se aceptara la propuesta de pago hecha por CRIA, esto es con cargo al crédito derivado de la sentencia firme del TSJ de Baleares, el concurso quedaría subrogado en dicho crédito y en su ejecución, pago que se tendría que llevar a cabo por parte de la comunidad Autónoma de Baleares en un plazo de cuatro meses, según la ley sectorial”.

Además el magistrado faculta a la administración concursal para arbitrar acuerdos con entidades financieras que permitan a los acreedores con crédito contra la masa del concurso reconocido el “cobro inmediato”.

No se puede embargar a un Gobierno

Uno de los acredores contrarios a esta fórmula de pago alegan que no será sencillo cobrar del Gobierno de Balareares al tratarse de una administración “no solo por el carácter inembargable de los bienes de dominio público, sino también por la dejadez o pasotismo de muchas administraciones a la hora de cumplir las sentencias judiciales”, dicen.

“Muchísimas administraciones lo que hacen es demorar el pago, aduciendo el grave perjuicio que para las arcas públicas puede suponer dar cumplimiento de las sentencias proponiendo calendarios de fraccionamiento y aplazamiento de pago a lo largo de muchos años”, añaden.