El equipo de Gobierno sacó adelante el Plan Estratégico de Subvenciones con el apoyo del Grupo Municipal del PSOE e Izquierda Unida. El texto contempla el procedimiento de concesión de las ayudas municipales basándose en siete líneas específicas por áreas: acción social e igualdad, educación, promoción del deporte, promoción de la cultura, participación y asociacionismo, empleo y promoción económica y cooperación internacional. Con esta acción se pretende “dotar de transparencia al proceso de adjudicación de ayudas municipales”, como explicó el portavoz popular Jesús David Sánchez de Pablo. El documento es el resultado de un proceso continuo de regularización, comentó.
Sánchez de Pablo se mostró receptivo a futuras modificaciones puntuales basadas en las apreciaciones de los grupos de la Oposición para que queden recogidas las áreas de Turismo y Medio Ambiente. En este sentido, Galo Sánchez Bermejo (IU-GD) mostró su satisfacción por la implantación de un sistema “objetivo” que tendrán asimismo un seguimiento y evaluación y que ha estado demandado desde hace años desde su formación.
Por parte del grupo socialista, Ramón Galiana, también apoyó este nuevo instrumento que ordena las adjudicaciones de ayudas de forma “equitativa” y “proporcional”.
El expediente, recordó el alcalde, Leopoldo Sierra, está basado en criterios de “eficacia, eficiencia y estabilidad presupuestaria”.
También recibió el visto bueno (por mayoría de los votos del PP y PSOE y la abstención de IU) la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la cesión del uso de locales municipales, basada en cinco títulos, donde se establecen desde las disposiciones generales con el objeto y las entidades beneficiarias, hasta el procedimiento de tramitación, las normas generales de uso y funcionamiento de los locales, la extinción y revocación y las infracciones y sanciones.
Desde Izquierda Unida, su edil se mostró contrario a contemplar que el pago de los suministros lo asuman las asociaciones y la sanción por importe de 300 euros cuando se cometa una infracción grave. Mientras, Galiana expresó el apoyo a la ordenanza, siempre que no conllevase un coste a las asociaciones. Sobre este asunto, la concejal de Participación Ciudadana, Prado García-Carpintero, aclaró que “es un punto de protección para protegernos ante un mal uso de las instalaciones pero que no supondrá coste para las asociaciones responsables””.
La unanimidad se renovó en la aprobación inicial de un nuevo reglamento del servicio municipal de agua potable y saneamiento de Daimiel que deroga al anterior, de 5 de diciembre de 1996, para adaptarlo a la normativa técnico-sanitaria y al Código Técnico de la Edificación. Entre otros aspectos también se contemplan aquellos aspectos derivados del fraude e infracciones que se puedan detectar en la red y en los usos del agua. Según el concejal de Ciclo Hidráulico, Javier Fisac, la nueva normativa “es buena y va a redundar en un paso más de calidad en la presión del servicio de agua”.
La Oposición (PSOE e IU) se abstuvo en dos expedientes de modificación de créditos, uno de 416.141 euros por amortización de créditos financiado mediante bajas de créditos de aplicaciones presupuestarias no comprometidas y que se estiman reducibles y un suplemento de créditos de 63.749 euros para cancelación de deuda. Los populares defendieron que en torno al 90%, unos 373.000 euros, se destinan al capítulo 1 de Personal para financiar el importante incremento en los Planes de Empleo Municipal como consecuencia del aumento del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) así como para sostener el incremento de horas extras motivado por el significativo retraso que está sufriendo el Plan Extraordinario de Empleo de la JCCM para 2019, indicó el concejal de Hacienda.
Sobre esta cuestión, Galo Sánchez-Bermejo volvió a recordar el artículo 135 de la Constitución Española sobre la prioridad del pago de la deuda pública frente a cualquier otro gasto y apuesta por lo público basadas en la “redistribución de la riqueza”.
Mientras, desde el PSOE, Ramón Galiana recordó la importancia de los planes de empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus resoluciones.
A este respecto, Jesús David Sánchez de Pablo le replicó que la partida que destina el ayuntamiento a planes de empleo propios fue de 900.000 y 760.000 euros en 2017 y 2018, respectivamente, siendo muy superior al de la Junta y quedando debidamente liquidados, frente a la “financiación constante que tenemos que hacerle a la JCCM” por la demora de las resoluciones definitivas en los citados planes de empleo, así como en los convenios sociales.
Precisamente Leopoldo Sierra volvió a solicitar un calendario de pagos en los convenios sociales debidamente concertados con la JCCM para que el ayuntamiento reciba cantidades periódicas y vaya liquidando conforme transcurra el ejercicio ya que, concluyó, “ese dinero es muy importante en el día a día de los ayuntamientos”. Confió en que a 31 de diciembre se haya efectuado el pago de todo lo conveniado con Servicios Sociales.
Los votos de los populares sacaron adelante la modificación de la relación de puestos de trabajo con la creación de un oficial encargado del Servicio de Limpieza y un puesto de Oficial de Limpieza de personal funcionario junto con Personal Laboral en Educador Social y Maestro de taller de carpintería del Centro Azuer.
El equipo de gobierno mostró su compromiso de regularizar a laborales fijos y evitar temporales, como ya se comprueba en esta modificación de RPT, mientras recordó que la misma llega tras distintas negociaciones sindicales, fruto de las cuales se ha llegado a este “equilibrio” y donde, se puntualizó, “no hay duplicidad en ningún caso”.
Tras dos horas y medias completadas con seis preguntas y un ruego, concluyó la última sesión plenaria del año convocada con carácter ordinario.
