El último pleno del curso político aprobó la Cuenta General del Ayuntamiento de Daimiel de 2018. La decisión se adoptó por mayoría de los ediles populares y la abstención de los 7 concejales de la oposición (PSOE e IU). Se cumplió así con uno de los trámites preceptivos por la Ley Reguladora de Haciendas Locales que marca como fecha definitiva el 1 de octubre, tras la ausencia de observaciones en el periodo de exposición pública. El siguiente paso es remitir el dictamen plenario al Tribunal de Cuentas antes del 15 de octubre, como expuso el portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Hacienda, Jesús David Sánchez de Pablo.
Se alcanzó el visto bueno con los votos favorables de los grupos del PP y PSOE y la abstención de IU la modificación de crédito necesaria que permite a la administración daimieleña acogerse al programa de la Diputación Provincial para abordar inversiones a devolver en un periodo de 10 años con uno adicional de carencia, esto es, el primer año no se paga nada y tampoco tiene coste financiero.
Según Sánchez de Pablo, “es una buena oportunidad, de la que, si no hubiéramos realizado la gestión económica que hemos hecho en los últimos años y no hubiéramos bajado del 110% de nivel de endeudamiento, no habríamos podido beneficiarnos”. Un aspecto que significa, en su opinión, que “nuestra gestión económica comienza a dar resultados y hace posible aprovechar oportunidades que van en beneficio de nuestros vecinos”.
No obstante, el edil dejó constancia que las operaciones de financiación a largo plazo están condicionadas a la autorización del Ministerio de Hacienda mientras no se baje del 75% la barrera de endeudamiento municipal. Precisamente Hacienda obliga al ayuntamiento daimieleño a que incorpore en el presupuesto tanto la financiación como las inversiones a las que va dirigida. De ahí, la necesidad de aprobarse la citada modificación crediticia en Pleno que, de otra parte, permitirá seguir cumpliendo con la regla de gasto y con la estabilidad presupuestaria.
Sánchez de Pablo explicó que el presupuesto de 2019 tenía un margen positivo de estabilidad presupuestaria superior a 1.400.000 euros y se puede acometer esta operación cuya cantidad asciende a unos 419.000 euros.
De superar toda la tramitación, las inversiones se destinarán a la piscina climatizada (prácticamente 129.000 euros) y, el resto (290.000 euros), al asfaltado del tramo de carretera hacia Manzanares hasta su enlace con la autovía, pendiente en la última actuación municipal de mayo, y también al pavimentado de la salida hacia Puerto Lápice.
Se subsana así una deficiencia perceptible en los últimos tiempos, tras asumir el ayuntamiento la competencia del mantenimiento de estas carreteras hace más de una década. Para Sánchez de Pablo, “como dijimos, aprovecharemos en esta nueva etapa aquellas oportunidades que mejoren la situación de infraestructuras o de servicios de Daimiel siempre que no nos conduzcan a un incremento de la deuda y del nivel de endeudamiento”.
El expediente de modificación de crédito fue aprovechado para hacer frente a una inversión en saneamiento en la calle Triunfo de 60.000 euros, presupuestada inicialmente en 40.000 euros; además de hacer frente a las mensualidades de la barredora en alquiler (7.000 euros).
En cómputo total, 446.000 euros financiados, según desgranó el edil, con mayores ingresos, “buena parte financieros y otra de generación de ingresos ya presupuestados y que superan la cantidad consignada”. Jesús David Sánchez de Pablo concluyó haciendo hincapié en que “el nuevo presupuesto sigue cumpliendo estabilidad presupuestaria y regla de gasto, como así lo avalan los informes técnicos que acompañan el expediente”.
En la sesión se estrenó Ramón Galiana como portavoz, tras la renuncia del número 1 del Grupo Municipal Socialista, Miguel Antonio Rodríguez, para este cometido. Tras el anuncio, Galiana mostró la postura del PSOE acerca de la modificación de créditos, donde dijo entender la necesidad de asfaltar las vías, aunque puso en cuarentena la urgencia y prioridad de estas actuaciones. Asimismo, en respuesta al portavoz de Izquierda Unida, Galiana se refirió a la deuda municipal como “causa sobrevenida”, y también le hizo ver la “contradicción” en la que cae cuando habla sobre este tema y a continuación defiende la gestión pública de los servicios.
Por su parte, Galo Sánchez-Bermejo (IU) se abstuvo en las votaciones. Consideró que el ayuntamiento podría haber optado a 2 millones de euros para inversión frente a los 446.000 finales, una “preasignación” que se debe, comentó, a la mala gestión de las cuentas municipales previa a 2011 y las medidas a nivel estatal sobre estabilidad presupuestaria y regla de gasto impuestas desde el PP a nivel estatal constriñen esa posibilidad frente a una segunda descentralización que, asimismo, y en su opinión, favorecerían el acceso a la inversión.
El concejal de Izquierda Unida cuestionó igualmente la inversión destinada a la piscina teniendo que es una infraestructura pública pero que la gestión se externalizó; por lo que achacaba una mayor acción en el mantenimiento de la instalación o en la mejora del servicio que presta.
Sobre este asunto, Leopoldo Sierra, al igual que Sánchez de Pablo, desaprobó el posicionamiento de IU sobre esa segunda descentralización. Tampoco entendió su planteamiento sobre la piscina climatizada, ya que cuenta, en palabras de Sierra, “con una de las mejores valoraciones de sus usuarios, pese a ser deficitaria en números”.