El Ayuntamiento de La Solana ha completado su nueva organización en cuanto a la Corporación Municipal se refiere.
Este jueves, el Pleno aprobó sus órganos de gobierno, de acuerdo con la Ley de Bases del Régimen Local, tanto los necesarios como los complementarios. Entre ellos, se dio a conocer la composición de la Junta de Gobierno Local, las tenencias de Alcaldía y el reparto de delegaciones a los ediles. Como cabía esperar, todas estarán ocupadas por los diez concejales del Partido Popular. Sin embargo, la sesión estuvo bastante marcada por la retribución que percibirá la nueva alcaldesa, muy criticada por la oposición y defendida por la propia regidora.
Al contrario que ha sucedido en las últimas legislaturas, el Pleno no comenzó con un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género, algo que lamentó el portavoz del grupo socialista, Eulalio Díaz-Cano. “Entendemos que era una buena forma de mostrar nuestra solidaridad y hacer visible un problema incuestionable”. La alcaldesa, Luisa Márquez, dijo que su grupo no estará “en la publicidad y la propaganda”, aunque matizó que su equipo de gobierno “va a estar siempre luchando contra esa lacra”.
En cuanto al carrusel de puntos destinados a dar luz verde al reparto orgánico de funciones, en el tercero se dio a conocer la composición de la Junta de Gobierno Local. Estará formada por los concejales Ramón Gallego, Antonio Valiente, Ángela Notario, Santiago López y María José García-Cervigón. Precisamente, en ese mismo orden se repartirán las tenencias de Alcaldía, de modo que el primer teniente de alcalde será Ramón Gallego, que se erige así como número dos del nuevo equipo de gobierno.
También se aprobó la propuesta de delegaciones genéricas o reparto de concejalías. Se da la circunstancia de que habrá un concejal de área y un concejal delegado, a modo de adjunto. Así, la propia alcaldesa asume el área de Urbanismo, Infraestructuras, Seguridad y Tráfico; Ramón Gallego se hace cargo de Hacienda, Recursos Humanos y Contratación; María José García-Cervigón será la concejala de Consumo, Sanidad y Medio Ambiente; Julián Díaz-Cano llevará Agricultura, Ganadería y Caminos; Santiago López asume Promoción Económica, Turismo y Comercio; Ángela Notario entra en Cultura, Festejos, Tradiciones, Comunicación y Protocolo; Antonia Ramos se encargará de Servicios Sociales y Bienestar Social; Ramona López será la responsable de Mujer e Igualdad; Juan Francisco Marín Lara se hace cargo de Deportes y Juventud; por último, Antonio Valiente asume Educación e Infancia.
Otro punto relevante fue el relativo a la periodicidad de los plenos. Se mantendrá una sesión mensual de carácter ordinario, que se celebrará el último jueves a las 20 horas, a excepción de agosto y diciembre, sin perjuicio de que pueda ser modificada según qué circunstancias. En este apartado hubo unanimidad.
Retribuciones
Y llegó el turno de las asignaciones a los miembros corporativos. Por un lado, no tuvo mayor debate la asignación económica a concejales por asistencia a Plenos, Juntas de Gobierno y Comisiones Informativas, que será de 100 euros por edil. Sin embargo, el debate subió de tono a propósito de la propuesta de dedicación exclusiva de miembros corporativos. Tal y como ya había avanzado la alcaldesa, solo ella estará a sueldo. Se anunció que percibirá un salario mensual de 2.800 euros netos. Ella misma confirmó que no propone a más ‘liberados’ y justificó así esa cantidad: “La estructura de la nómina es la que tengo como funcionaria de carrera”.
El portavoz socialista se posicionó en contra de esta retribución porque suponen –dijo- 15.000 euros brutos más al año, hasta alcanzar los 58.000 euros, un 34 por ciento más de lo que cobraba el alcalde anterior. “Consideramos que es una subida desproporcionada”, declaró. Y puso como ejemplos los casos de Ciudad Real, Puertollano o Alcázar, cuyos regidores cobrarán menos. Luisa Márquez se defendió recordando que el PSOE quería liberar a dos concejales más en le legislatura anterior, lo que hubiera supuesto 119.000 euros de gasto añadido, y que el alcalde que precedió a Eulalio Díaz-Cano (Luis Díaz-Cacho) cobraba 2.657 euros. “Usted, por la estructura de su nómina, no obedecía a los estándares para ganar eso”, añadió. Más allá de los datos aportados por uno y otro, entraron en un cruce de reproches que generaron momentos de cierta tensión dialéctica. Finalmente, el punto fue aprobado con la mayoría popular y el rechazo de la oposición.
Reparto de concejales en las comisiones
El punto décimo también generó debate. Proponía el reparto de concejales en las distintas comisiones informativas, que será de 5 del Partido Popular y 2 del Partido Socialista. Eulalio Díaz-Cano comenzó lamentando la eliminación de la Comisión de Empleo, pero sobre todo cree que “no se respeta el principio de proporcionalidad”. “En el Pleno ustedes representan el 59 por ciento (diez ediles) y nosotros el 41 por ciento (siete ediles), con lo que debería ser una proporción de 4 a 3 en las comisiones”, resumió. De hecho, recordó que en el pasado mandato había 3 concejales del PSOE (con 8 ocho ediles) y 2 de Ciudadanos (con cuatro ediles). La alcaldesa explicó que la secretaria municipal justificó esa proporción por escrito. “Si lo dice la secretaria, nos vamos a mantener”.
El grupo socialista anunció la impugnación del acuerdo y la regidora contestó que “si hay resolución a favor de usted, se cambia y ya está”.
El último punto aludía a las asignaciones económicas a los grupos municipales. Quedan fijadas de la siguiente manera: 100 euros por grupo al mes, y 145 euros por cada concejal al mes. Luisa Márquez explicó que se ha producido una reducción en la cuantía que no menoscaba el funcionamiento municipal. “Es suficiente para realizar su tarea”. Eulalio Díaz-Cano cree que es insuficiente y que “si antes de cada diez euros se gastaban 5 euros para el salario del alcalde y 5 para gasto político, ahora son 7 para el salario de la alcaldesa y 3 para los grupos municipales”. La regidora insistió en que la asignación es más que suficiente para ejercer la labor de grupo.
La sesión terminó con un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Blanco, ya que se cumplían 26 años desde que el concejal del Partido Popular en Ermua (Vizcaya) fue asesinado por ETA.
