La institución recuerda a los ayuntamientos que la Ley del Ruido atribuye a las corporaciones locales la labor de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación acústica en su territorio y que deben buscar el equilibrio entre las actividades –económicas, festivas, culturales o lúdicas– y los derechos de los vecinos.
Según la institución, solo una regulación “adecuada”, y la supervisión “efectiva” del cumplimiento de las condiciones en las que estas actividades deben realizarse, “evitará que los centros urbanos o sus inmediaciones se conviertan en lugares inhabitables, por la imposibilidad de que los vecinos desarrollen una vida normal”, conforme a los derechos que la Constitución les garantiza.
“No se trata de imposibilitar el desarrollo de actividades ligadas a eventos lúdicos o culturales. Lo que se pretende es que sean compatibles con el respeto al derecho al descanso que asiste a los residentes en áreas cercanas a los lugares donde tengan lugar acontecimientos de este tipo”, afirma Gabilondo.
Así, recomienda, entre otras medidas, que se exija a los organizadores la utilización de limitadores de sonido en altavoces y megafonía, además de determinar horarios “razonables y reducidos” cuando se celebren actos y espectáculos en la vía pública que utilicen música amplificada.
Asimismo, la institución reclama a los ayuntamientos que realicen las mediciones acústicas y los controles necesarios y que, ante emisiones por encima de los valores máximos establecidos, adopten las medidas necesarias para lograr que se acomoden a la normativa, llegando a aplicar, en su caso, sanciones que deben resultar disuasorias.
