El Defensor del Pueblo ha pedido reforzar las medidas de prevención en materia de prevención de incendios así como intensificar la coordinación administrativa al respecto, como se desprende de su informe anual.
En el documento, la institución subraya que «el fuego no conoce fronteras ni competencias» por lo que insta a una mayor coordinación tanto dentro de una Administración como entre diferentes Administraciones.
El Defensor recuerda que 2021 y 2022 fueron años particularmente alarmantes por la virulencia, extensión y efectos de los que se produjeron los incendios forestales por lo que culminó en 2023 una actuación de oficio ante las consejerías competentes de todas las comunidades autónomas, las diputaciones forales, las dos ciudades autónomas y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
Esto fue con el fin de comprobar el grado de cumplimiento y coordinación de las medidas previstas en el Real Decreto-Ley 15/2022, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales, aprobado como respuesta a los graves incendios acaecidos en la primavera y el verano de ese año.
Entre sus conclusiones, destaca la necesidad de reforzar las medidas relacionadas con la prevención de los incendios forestales, en particular las orientadas a favorecer la gestión forestal sostenible, la resiliencia de los montes frente al fuego y una correcta ordenación de los usos del suelo; y pide intensificar la coordinación administrativa y la coherencia entre las políticas públicas relacionadas.
En materia de prevención, el Defensor pide a las Administraciones públicas «asumir el aumento de recursos públicos que van a ser necesarios para atender las labores de extinción y acometer la restauración de los montes» y pone el foco en «la prevención de los incendios y la minimización de sus impactos, desde un enfoque ambiental y sostenible», que, a su juicio, «han de convertirse en elementos centrales de la gestión forestal».
El Defensor también reclama la preservación del suelo forestal frente a la urbanización e integración de previsiones orientadas a evitar los incendios forestales en la planificación territorial y urbanística por lo que considera que «las políticas públicas han de propiciar el uso racional de los recursos y la protección del medio ambiente».
La institución considera que es «posible mejorar la coordinación entre órganos de una misma Administración Pública» y argumenta que «las administraciones deben dotarse de equipos multidisciplinares, convenientemente formados y capaces de coordinarse e intervenir no solo en las acciones de extinción, sino también en la adopción y evaluación de las medidas de gestión a aplicar a cada lugar».
Por ello, aboga por un «marco común» que garantice la «eficacia de las comunicaciones y el despliegue de los medios disponibles» durante un incendio, al tiempo que reclama consensuar la regulación de «la calificación de las unidades de extinción por sus capacidades operativas, la coordinación de los medios aéreos, la adopción de indicativos de radio unívocos, simbología común para la elaboración de mapas operativos y condiciones mínimas de seguridad de las dotaciones y los equipos de protección del personal».
El resultado de las actuaciones del Defensor del Pueblo se plasmó en una serie de Recordatorios de deberes legales que fueron dirigidos a las consejerías competentes de Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Canarias,Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Illes Balears, Navarra, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja, Valencia, País Vasco y a las diputaciones forales de Bizkaia , Gipuzkoa y Araba/Álava, a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
Por otro lado, al margen de la lucha contra incendios, aconseja reforzar las medidas orientadas a la gestión forestal sostenible, la «resiliencia» de los montes frente al fuego y una correcta ordenación de los usos del suelo.
