El ya obispo emérito de Sigüenza-Guadalajara, Atilano Rodríguez, ha calificado los casos de abusos sexuales documentados en el informe del Defensor del Pueblo como una “lacra” que afecta a la sociedad y causa “sufrimiento a niños y jóvenes”. En una comparecencia ante los medios, Rodríguez se ha comprometido a que la Iglesia prestará acompañamiento a las víctimas de estos abusos, dentro de sus posibilidades.
Atilano Rodríguez ha asistido a la reunión de la Asamblea Plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española, donde se evaluó el informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales cometidos por la Iglesia. Durante su intervención, el obispo emérito reiteró la disposición de la Iglesia a pedir perdón a las víctimas por los comportamientos inapropiados de obispos, sacerdotes y personal eclesiástico a lo largo de los años.
Rodríguez ha asegurado que, “aunque haya un solo caso en la Iglesia, es necesario poner todos los medios y pedir perdón”. Sin embargo, ha hecho hincapié en que la mayoría de los casos de pederastia “no se encuentran en la Iglesia, sino en la sociedad en general, como en colegios, familias e instituciones deportivas”, tal como lo refleja el informe del Defensor del Pueblo.
El obispo emérito ha señalado que esto “no exime a la Iglesia de su responsabilidad”, y se ofrece a ayudar a la sociedad en la prevención y el tratamiento de casos de abuso, “no solo dentro de la Iglesia sino también en otras instituciones que requieran asistencia”.
En respuesta al informe del Defensor del Pueblo, la Iglesia se ha centrado en poner a las víctimas en el centro de sus esfuerzos y ha establecido oficinas en diversas diócesis para denunciar y acompañar a personas que han sufrido abusos, brindando apoyo tanto a nivel humano como espiritual y psicológico.
El obispo emérito enfatizó la necesidad de erradicar esta problemática y renovar el compromiso de cada diócesis para prevenir futuros abusos. La Iglesia también se comprometió a ofrecer acompañamiento a las personas que hayan cometido abusos.
Se espera que la Iglesia considere e implemente las propuestas positivas presentadas en el informe del Defensor del Pueblo en sus futuras actividades.
