Justicia y Progreso insiste en un comunicado que el expediente judicial y el papel cero que supuestamente lleva años implantándose en la administración de Justicia no funciona, un problema que ha dejado al descubierto la crisis sanitaria del coronavirus.
La justicia digital es “una gran mentira”, asegura el portavoz de la formación Ricardo Rosales y explica en declaraciones a Lanzadigital.com que desde este lunes, y través de grupos de Whatssap, los letrados de la administración de justicia de cada juzgado están ofreciendo la posibilidad a los funcionarios de realizar el trabajo a distancia de forma voluntaria y mediante el cumplimiento de una serie de requisitos.
“Esto supone que el funcionario de justicia tiene que poner a disposición del Ministerio de Justicia las siguientes herramientas de nuestro propio bolsillo: el teléfono móvil, conexión a internet de, al menos 10 Mbps, ordenador personal o portátil con unas características mínimas de Windows 10 o superior, antivirus actualizado, google Chrome 50 / Internet Explorer 11 o superior al menos 4 GB de memoria RAM y 600 MB de espacio libre en el disco duro”, “los que menos ganamos tenemos que ponerle los medios al ministerio”, agrega.
Teletrabajo sí, pero con garantías
Rosales, que además preside la junta de personal de justicia en Ciudad Real, afirma que los funcionarios de esta administración no están en contra de la implantación del teletrabajo, siempre y cuando sea el ministerio el responsable de diseñar “un proceso de implantación serio, meditado, negociado y con las consiguientes dotaciones de material que se necesitan para los trabajadores y no ceder improvisadamente a introducir nuevas formas de trabajo que pueden poner en peligro todo el sistema judicial”.
Justicia y Progreso argumenta que la posibilidad de desempeñar la actividad profesional sin la presencia física del trabajador en los centros de trabajo implica que deban “reforzar la seguridad de la información, garantizar el acceso remoto a las aplicaciones y facilitar la comunicación permanente entre los intervinientes en el expediente judicial”.
“Entendemos que esto no se puede realizar a la ligera y que esta administración debe priorizar que estas interrelaciones se produzcan sin merma de garantías procesales”, añade.
Las presiones de la abogacía
Rosales cree que el Ministerio de Justicia ha cedido con esta medida a las presiones de la abogacía, el sector que más está criticando la parálisis judicial (no corren plazos y solo funcionan los juzgados de guardia y el registro para lo urgente), que repercute directamente en su imposibilidad de trabajar.
