J. Y.
Ciudad Real
La Fiscalía de Castilla-La Mancha considera que el Gobierno regional vulneró el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios de la Junta de Comunidades despedidos el pasado verano dentro del plan de recortes desarrollado para “garantizar la prestación de los servicios sociales básicos”.
En un escrito enviado por el Ministerio Público a la Sala de los Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), al que ha tenido acceso Lanza, pide a esta sala que se haga eco de los recursos interpuestos por las representaciones del Sindicato de Trabajadores de Administración y Servicios Públicos de Castilla-La Mancha (STAS-CLM) y de la Federación de Servicios Públicos de UGT para que anule las órdenes de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas del 20 de agosto por las que se modificaron las relaciones de trabajo de 700 empleados públicos.
En concreto, consideran que se vulneró el derecho de los denunciantes a la libertad sindical (en su vertiente de negociación colectiva) cuando se propusieron los despidos de personal funcionario de la Administración de la Junta y de la escala superior de sanitarios locales, especialidades de Farmacia y Veterinaria.
Ausencia de acuerdos
El escrito de la Fiscalía recoge que hubo “ausencia total de acuerdos, una drástica limitación de los debates que con frecuencia se dieron por concluidos de manera precipitada, y una absoluta falta de aceptación de propuestas” presentadas por parte de los portavoces sindicales.
“Puede afirmarse, señala el Ministerio Público regional, que la Administración incurrió en un comportamiento antijurídico! cuando ignoró las obligaciones de los artículos 37 y 151 del Estatuto del Empleado Público.
Asimismo, argumenta esta acción “antisindical” en la “ausencia de formalidad posterior para resolver el conflicto y la inmediata publicación y entrada en vigor de las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo que debían haber sido objeto de negociación”.
Según recuerdan, en la reunión de la mesa sindical del 20 de agosto, los responsables de la Administración informaron por la mañana a la parte social de las razones que avalaban los recortes, mientras que por la tarde se abordaron de forma particularizada y por consejerías las distintas propuestas para reducir las plazas “sin que en ningún caso se alcanzara un acuerdo sobre los mismos”.
Es más, según los denunciantes, “en varias ocasiones los debates se dieron por concluidos antes de que pudieran exponer su punto de vista”
El fiscal apunta que la propia Constitución contempla que una empresa o entidad contratante no puede tomar una decisión unilateral para cambiar las condiciones de trabajo, eludiendo o soslayando a los sindicatos, sobre todo si se tiene en cuenta que era para suprimir 700 puestos públicos.
El fiscal de Castilla-La Mancha hace suyas, a través de este escrito, las demandas interpuestas por los sindicatos que participaron en aquella reunión, STAS y UGT de la comunidad, e insta a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a que considere que se vulneró su derecho sindical.
