Representantes de municipios del Área esteparia de la Mancha Norte, más de un centenar de personas, presentaron ayer en la Consejería de Agricultura sus alegaciones al borrador de los planes de gestión de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y reclamaron negociar éstos planes con el consejero, Francisco Martínez Arroyo, quien aseguró que elegirán estas zonas con los agricultores y que destinarán 23 millones de euros para compensar a los afectados.
Como portavoz de los afectados, entre los que estaban representantes de consejos rectores y cooperativas, compareció el presidente de la cooperativa Unidad de Lillo, Alfonso Juárez Mota, que apuntó que están “totalmente en desacuerdo con el último borrador” presentado por la Junta y que si el borrador se aprueba con estas condiciones “posiblemente” tengan que “dedicarse a otra cosa que no sea la agricultura”.
“Estamos en desacuerdo en todo. En los porcentajes de leñosos, en las limitaciones a nuestros cultivos, en el cambio de uso de nuestras parcelas o en el uso de regadíos. Es que prácticamente no podemos estar de acuerdo en nada. Es el abandono definitivo total”, apuntó Juárez antes de que todos los presentes entraran a la Consejería a mostrar su rechazo ante estos planes y por lo que requirieron la presencia de agentes policiales, aunque no tuvieron que intervenir.
Así, aseguró que cuentan “con el apoyo” de organizaciones como Asaja, sindicatos, ayuntamientos, Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha “e incluso de los ecologistas”, agregó el portavoz de los afectados de una zona que abarca 106.414 hectáreas de municipios de las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Toledo y que presenta cultivos de secano, pastizales, lastonares anuales o encinares y carrascales, entre otros. Por todo ello, los afectados presentaron unas alegaciones con las que solicitan que el plan de gestión de la Mancha Norte “se ajuste a la realidad de las zonas ZEPA, solicitando la desafección de las hectáreas indebidas a la Unión Europea” y que no se autorice este plan “tal cual está redactado”.
Seguridad jurídica
Por su parte, Martínez Arroyo, ante la protesta que se produjo en la Consejería, ofreció una rueda de prensa en la que manifestó que la puesta marcha de estos planes de gestión es “la única forma de dar seguridad jurídica” a los agricultores, y que la elaboración de los mismos es “lo que han dictado los tribunales”. No obstante, el titular de Medio Ambiente y Agricultura afirmó que “solo va a haber obligación para muy pocos agricultores” de cumplir con las exigencias medioambientales y características de sus cultivos que marcan estos planes de gestión, “a los que se van a acoger de forma voluntaria” para “poder elegir la zona ZEPA con el agricultor” y pueda recibir ayudas de “los 23 millones de euros” que van a destinar a compensaciones.
El consejero cifró en “2.000 kilómetros cuadrados (o 4,5 millones de ha)” la extensión de terreno al que va a afectar estas medidas; “menos del 4 por ciento de la superficie agraria de Castilla-La Mancha”, añadió Martínez Arroyo. “No se puede jugar con los intereses de los agricultores ni politizar una obligación de la Junta”, advirtió el consejero, que apuntó que han mantenido “25 reuniones” durante esta legislatura con organizaciones del sector para negociar estos planes.
Martínez Arroyo incidió en que lo que “más le preocupa” a los agricultores con estos planes de gestión es que, para poder hacer inversión en un futuro con “cambios considerables” en sus cultivos, “van a tener que pasar por un informe ambiental que les dará seguridad jurídica”.
