La aprobación en el Congreso este jueves de la Ley de Bienestar Animal, con la aceptación en el texto de la enmienda que excluye a los perros de caza y ganadería, ha sido recibida con encontradas consideraciones entre los colectivos vinculados a la actividad cinegética y los de carácter animalista en Castilla-La Mancha.
Todos respaldan el objetivo de terminar con la crueldad y maltrato animal en España, un extremo que los cazadores consideran ya garantizado en el Código Penal (antes de su actualización este mismo jueves), mientras que los grupos afines al Ministerio de Derechos Sociales avalan las nuevas protecciones legislativas, que endurecerán las sanciones.
El portavoz regional de Ecologistas en Acción, Miguel Ángel Hernández, ha visto la exclusión de los perros de rehalas y de pastoreo “una carencia injustificable”, dado que, en su opinión, en la naturaleza jurídica de los animales “no son distinguibles” aquellos de las mascotas “que custodian sus dueños”.
Hernández también ha denunciado “las contradicciones” del PSOE de Castilla-La Mancha en este capítulo y ha dicho no entender “los problemas y polémicas” surgidos entre el partido a nivel nacional y Podemos, en los que el Gobierno castellano-manchego se ha posicionado junto al central. Ha recordado que la Ley de Protección Animal autonómica no excluye a ningún animal de su alcance legislativo, a excepción de los accidentes que puedan sufrir los perros en plena actividad cinegética, lo que “es una contradicción”.
Respecto al amparo que ya da a los animales el Código Penal en el caso de ser maltratados, Hernández ha señalado que “hay conductas”, algunas “graves”, que no están contempladas, y que ahora, con la nueva normativa, tendrán una penalización tanto penal como administrativa (y las multas irán desde los 500 a los 200.000 euros).
El portavoz ecologista también espera que, una vez se desarrolle un mínimo periodo de transición, desde la entrada en vigor de la ley, las administraciones habiliten los medios humanos y económicos para controlar el cumplimiento de su articulado.
En este sentido ha criticado “la incoherencia” del presidente regional que “no ha apoyado su propia ley”, sino que “que se ha inclinado por un sector y no a la especie en su conjunto”.
Con todo, Hernández, ve “un gran avance” en la primera Ley estatal que protege a los animales porque “aborda numerosos aspectos fundamentales para su bienestar”, aunque “se quede corta”, siendo “positiva”, ante enmiendas como la comentada.
“Malísima noticia”
Con una visión contraria, el presidente de la asociación de productores de caza de Castilla-La Mancha y de España (APROCA), Luis Fernando Villanueva, ha calificado de “malísima noticia para el mundo rural” la aprobación de la Ley de Bienestar Animal, tras la cesión por Podemos para solventar el escollo de los perros de caza.
Este portavoz ha asegurado que los mensajes sobre la desprotección de los animales que participan en la actividad cinegética “es una falacia y criminalización”, fruto de un estado en el que la libertad de expresión es respetada.
También ha apelado a las 60 normas territoriales que hay en España, que “ya” protegen “a los animales contra el maltrato”.
Más allá de la exclusión de los perros de producción o el toro bravo, se trata, para Villanueva, de una norma “hecha desde la ideología”, y aislada de “la comunidad científica”, por lo que tendrá “consecuencias graves para la biodiversidad y el mundo rural”.
Entre los efectos más palpables a medio plazo, según Villanueva, están “el cierre de cientos de las empresas que trabajan con mascotas”, ante la prohibición de la venta de animales. Igualmente, “aumentará”, a su juicio, el abandono de mascotas porque las personas tutelantes “se han de hacer criadores profesionales”.
Otro ”gran problema” son “los gatos asilvestrados”, ante la nueva obligación de proteger a las colonias de estos felinos como ‘gatos comunitarios’, que, en opinión de Villanueva, tendrán “un impacto negativo en la biodiversidad”. El cuidado previsto para esos gatos ‘no sociables’, como es el sistema de captura, esterilización y retorno (CER) “es un disparate”.
Otro efecto negativo de la ley, ha advertido, es “que se puedan colapsar los juzgados por situaciones absurdas”, a su juicio, por la humanización de los animales en la industria Disney.
Respecto a los cambios introducidos en el Código Penal, el portavoz de los propietarios de fincas cinegéticas ha mostrado también su “preocupación”, por el hecho de que “se eleva la penalización por maltratado de todos los vertebrados”. Es otro “despropósito”, pues supondrá que “por ejemplo se pueda matar a una colonia de abejas, que son imprescindibles para la vida, y no a un ratón en tu casa”. Es fruto de “un movimiento social excluyente”, ha remachado.
Y desde su comprensión “al cambio en la sociedad sobre el bienestar de los animales”, “sino tienen obligaciones, no pueden tener derechos”.
La ley contempla la prohibición del sacrificio de animales de compañía sin ninguna causa, un curso para los titulares de los perros, la exclusión de los animales de las ferias y los circos, y que los perros no puedan estar solos más de 24 horas.
