Las principales organizaciones ecologistas españolas se han conjurado en vísperas de este 28 de junio, cuando se cumplen cincuenta años de la declaración de las Tablas de Daimiel como parque nacional, para exigir al Ministerio para la Transición Ecológica y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha medidas “urgentes” para salvar el humedal.
Cambio de gestión de los acuíferos
El comunicado lo firman Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, que han enviado una propuesta de marco de actuaciones al ministerio, ante la que describen como “dramática situación en la que se encuentra el parque nacional, falta de soluciones eficaces por parte de las distintas administraciones y falta de acuerdo social sobre la necesidad de abordar un cambio en la gestión de los acuíferos sobreexplotados”.
Lo mismo que en Doñana y el Mar Menor
Estas organizaciones reclaman lo que denominan un marco de actuaciones prioritarias, tal y como se ha hecho en otros espacios naturales protegidos, como Doñana o el Mar Menor.
Aseguran las organizaciones ecologistas que la situación hidrológica del parque nacional supone uno de los mayores y más dramáticos descensos en biodiversidad acuática desde su desecación casi total en 2009. En la actualidad, apenas cien hectáreas de las 3.030 (1.500 inundables) del parque nacional tienen algo de agua, y la fauna del humedal está prácticamente desaparecida, lo que implica que se encuentra de facto en un estado de conservación desfavorable, según la ley de parques nacionales.
En este contexto, “y a pesar de la conocida influencia de los regadíos en la sobreexplotación de los acuíferos del Alto Guadiana”, apostillan, critican que “no se han tomado medidas eficaces ni siquiera para empezar a revertir la situación”.
Las organizaciones conservacionistas aseguran que el nivel de extracciones ilegales sin derechos en el antiguo acuífero 23 (ahora Mancha Occidental I y II y Rus Valdelobos) es de 50.000 hectáreas y 92 hm³, “diez veces superior en superficie y cuatro veces en volumen que la extracción de los acuíferos que alimentan a Doñana o al Mar Menor”. Afirman que esto provoca un descenso de dos metros anuales de los niveles de agua subterránea y un déficit continuado del acuífero que llega hoy a superar los 1.500 hm³.
No ha habido cambios estructurales
Las organizaciones ecologistas firmantes de la propuesta cifran en 250 millones de euros lo que se ha invertido desde 1994 en medidas agrarias para reducir la extracción de agua destinada a regadío, “pero no se han conseguido crear cambios estructurales profundos que faciliten el aporte de agua subterránea al humedal y evite la pérdida de los valores que hacían merecedoras a las Tablas de Daimiel de la calificación de parque”. Creen que el problema está en que continúan gastando mucho más en medidas agrarias que conllevan un incremento de las superficies de regadío, como las destinadas a reestructuración del viñedo o a la modernización de regadíos.
Las organizaciones “observan”, dicen en el comunicado, que no hay correspondencia entre los objetivos ambientales del Plan Hidrológico de Demarcación del Guadiana, las acciones a poner en práctica y el calendario previsto para la consecución de tales objetivos, por la falta, entre otras cosas, de un decidido cambio en la política de regadíos nacional y la política agraria de Castilla-La Mancha. “Lamentablemente, tampoco se ha aprovechado la nueva planificación de la PAC de cara a 2027 para conseguirlo”.
Al Gobierno regional le exigen “un papel relevante y coherente” para reducir la superficie de regadío y de las extracciones ilegales utilizando los fondos europeos agrarios y de desarrollo rural.
Igualmente reclaman la puesta en marcha de medidas económicas ambiciosas para cambiar hacia un modelo productivo no dependiente del agua.
Aumento de vigilancia y sanciones
Las organizaciones ecologistas celebran que poco a poco se esté aumentando la vigilancia y las sanciones a las extracciones ilegales; pero reclaman mayor contundencia y más recursos “para terminar con la impunidad en el robo del agua ya que desde 2018 apenas se han clausurado pozos en un 1,07 % de los expedientes sancionadores y que las superficies liberadas apenas representan el 10% del total de superficie ilegal cuantificado por estudios independientes”.
De las últimas medidas, incluidas derivaciones de agua del Tajo a través de la Tubería Manchega por las pruebas de la puesta en marcha de la infraestructura (8 hm³ entre 2022 y 2023) “resultan insignificantes comparados con la sobreexplotación del acuífero 23, que acumula 1.500 hm³ de déficit en los diez últimos años”.
