Unas alegaciones que solo pretendían la adopción de medidas acordes con el grave detrimento económico que afecta a todos los sectores sociales, comerciales y empresariales de la ciudad y que fueron rechazadas por la mayoría del Pleno de la corporación municipal.
FEPU reconoce la necesidad de mantener un nivel impositivo mínimo para garantizar la sostenibilidad de determinados servicios municipales, pero esta Federación advierte que las alegaciones que han sido rechazadas no eran gravosas para las arcas municipales, y sin embargo sí representaban una importante inyección de apoyo a la actividad empresarial y comercial de la ciudad.
De tal manera, que la propuesta de esta federación respecto al IBI, era reducir la tasa en un porcentaje superior al 5 % teniendo en cuenta y ponderando la situación actual del mercado inmobiliario en Puertollano, con depreciaciones ostensibles que pueden alcanzar porcentajes alarmantes, como el 50 ó el 60 %, de su valor anterior o de compra inicial, y aunque se comprenda que es necesario mantener los servicios y costes que ello supone, también es cierto que mantener un IBI en cuantías desproporcionadas supone agravar la situación e incluso fomentar la depreciación o pérdida de valor de los inmuebles.
FEPU propuso también sin éxito una reducción de un 10 % en el IAE, si se quiere mantener la actividad económica actual y fomentar la incorporación de más empresas o proyectos. Respecto al Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y teniendo en cuenta la situación de inactividad e inoperancia que existe en el sector de la construcción , la federación de empresarios considera que cualquier impuesto que pueda gravar las construcciones, instalaciones y obras debe ser reducido de forma claramente apreciable y ostensible, en porcentajes que supongan un incentivo para el fomento de la construcción en general, teniendo en cuenta que los gravámenes actuales pueden suponer un freno para tal fomento de obras.
En relación a la tasa por el inicio de aperturas de nuevos establecimientos, FEPU defendía una bonificación del 50 %.
En la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros y otras instalaciones análogas, esta Federación no entiende ni comprende que se aplique un recargo del 100 % en una población en la que prácticamente ha desaparecido la construcción privada. Esta tasa debiera estar acomodada al volumen de obra previsto en la ejecución de cada proyecto. FEPU propuso, sin que prosperase la enmienda, no solo que no se produjera el recargo finalmente aprobado, sino que se redujera en un 10 % esta tasa.
Se presentó igualmente una propuesta de reducción de un 10 % en el precio público por el tratamiento y depósito de residuos inertes en el vertedero municipal y en la tasa por el suministro de agua.
Todas las propuestas de esta Federación empresarial fueron rechazadas por la mayoría de la corporación municipal.
