El inicio del curso en septiembre fue muy diferente al de otros años. La incertidumbre era la pieza más característica para toda la comunidad educativa ante un escenario de Covid-19 que nunca se había dado con anterioridad. Sin embargo, todos pusieron de su parte para poder volver a retomar las clases presenciales de unos alumnos que ya habían permanecido en casa los últimos cuatro meses del curso anterior. Clases presenciales que pretendían garantizar la equidad y evitar brechas entre los propios alumnos.
El curso escolar arrancaba con 97.764 estudiantes, 2.000 menos que el año anterior y con 3.177 docentes más, según explicaban desde el gobierno regional, para poder hacer frente a la bajada de ratios en las aulas, y se abría la posibilidad, en los cursos de alumnos de más edad, a la semipresencialidad y educación telemática. Un incremento de profesorado que los sindicatos demandaron en semanas posteriores para que fuese una realidad.
Así, los sindicatos de enseñanza pedían que se aceptara una bajada de las ratios a todos los niveles educativos para poder hacer frente a la presencialidad y minimizar así los riesgos de coronavirus para todos, alumnos, profesores y familias. En este sentido y para tener mayor protección y prevención, la Consejería de Educación dotaba para este inicio de curso a los centros educativos de todo el material de higiene necesario en sus aulas y zonas comunes del centro y poder hacerlo con las mayores garantías posibles, regidos por extensos protocolos anti-Covid19, a poner en marcha en caso necesario.
Paralelamente, el gobierno regional junto con las Diputaciones hacían una inversión extraordinaria para poder pagar personal de limpieza durante las horas escolares y mejorar así la desinfección de todas las zonas de los centros educativos.
En los centros educativos se ponía en marcha el llamado “equipo Covid” que sería el encargado de intervenir en caso de detectar algún posible caso y ponerse en contacto inmediatamente con las autoridades sanitarias.
El 9 de septiembre se producía la vuelta a las aulas en Castilla-La Mancha que se saldó en sus primeros días con un nivel ínfimo de incidencias, tan solo el 1% de sus 1.700 centros escolares. Algunas de las incidencias que se producía pasaba por la dimisión del equipo directivo del Juan D´Opazo, un IES de Daimiel que aseguraba existía falta de recursos para garantizar la seguridad del alumnado.
Así, desde que comenzó este curso escolar han sido muchos los centros que han tenido que confinar a algunos de sus alumnos por estar en contacto con positivos por Covid-19. No obstante, el primero de ellos fue un aula del colegio Hermano Garate y el IES Juan de Ávila, ambos de Ciudad Real. A estos han seguido otros muchos más por toda la región, confinamiento para alumnos durante un tiempo y regreso a las aulas es la tónica general que se está produciendo en los centros educativos de la región en este año pandémico.
Así, a finales del mes de septiembre, los datos que ofrecía la Junta sobre los casos de Covid-19 en los centros de la región solo alcanzaba el 0,13%, si bien se han tenido que aislar el 1,3% del alumnado.
Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, trasladaba a los padres que sus hijos estaban seguros en clase aunque el riesgo cero no existía.
Bolaños queda confinado y Ciudad Real se sitúa en nivel 2
La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, indicaba el día 1 de septiembre que en Ciudad Real no había una situación alarmante de brotes por Covid-19, por lo que no se establecían medidas concretas desde Sanidad. No obstante, Zamora señalaba que en Ciudad Real “sí que tenemos que hablar que la curva es ascendente, pero ahora mismo la Consejería de Sanidad no ha establecido ningunas condiciones concretas al Ayuntamiento”.
Por todo ello, desde el Consistorio eran previsores ante lo que pudiera pasar y trabajaban para intentar anticiparse a la situación. Así, el día 3 de septiembre Ciudad Real retrocedía hasta la fase 2 tras detectarse más de 235 casos de Covid-19 y 15 brotes.
La Consejería de Sanidad de la JCCM adoptaba medidas especiales para la contención del Covid-19 en Ciudad Real capital, comparables con las que se daban durante la fase 2 de la desescalada, con el objetivo de frenar la expansión de casos por coronavirus. Ciudad Real era así la séptima población de la provincia en la que se adoptaban esta serie de medidas complementarias, tras las decretadas en Arroba de los Montes, que fue la primera, Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Membrilla, Bolaños de Calatrava y Alcoba de los Montes.
Con la aplicación de estas medidas se prohibía la apertura de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales, también se establecía el aforo en establecimientos hosteleros cerrados al 50% máximo y las terrazas al 75% del máximo permitido. Además, se suspendía la actividad en los centros de día y las visitas en residencias de mayores, viviendas tuteladas y centros sociosanitarios, entre otras medidas.
Ante este escenario, la provincia de Ciudad Real superaba en estos primeros días de septiembre la barrera de los 9.000 positivos desde el inicio de la pandemia y se decretaba el confinamiento de la localidad de Bolaños de Calatrava, restringiendo así su entrada y salida de personas de este municipio ante el incremento constante de positivos.
El cierre de la localidad de Bolaños esperaba su ratificación por parte de un juez, que llegaba casi de manera inmediata, para poder realizar el confinamiento de sus ciudadanos, y la Guardia Civil solo permitía el acceso por la carretera de Almagro y la de Manzanares. El confinamiento de estos ciudadanos se prorrogaría, en un primer momento, por 14 días.
Así, las medidas restrictivas llegaban también a Villarrubia de los Ojos o Alcázar de San Juan en este mes de septiembre ante el incremento de casos Covid-19 en estos municipios, por lo que se ampliaban así las localidades de la provincia afectadas por esta situación que sería el inicio de la segunda ola por coronavirus. Días después las restricciones con las que contaba Ciudad Real capital se ampliaban a toda su área sanitaria y se aplazaba el inicio del curso para los alumnos del CEIP Santo Tomás de Villanueva al 14 de septiembre.
El mes pasaba y los estudiantes de Bolaños de Calatrava no podían salir para cursar sus estudios, por lo que la justicia aceptaba la reclamación realizada por el Ayuntamiento de la localidad y permitía el desplazamiento de los estudiantes. La prórroga, durante otros catorce días, del confinamiento de la localidad de Bolaños no era bien recibida en el municipio y los controles para cumplir estas medidas eran vigiladas por más de cincuenta Guardias Civiles.
Bolaños de Calatrava llegó a acumular hasta 761 casos de coronavirus desde que se detectó el primer brote a mediados de agosto y cada semana iba sumando más positivos. A finales del mes de septiembre, esta localidad solicita que se revise la decisión adoptada por sanidad y que se desconfine el pueblo. Finalmente pueden entrar y salir de este municipio afectado en este mes de septiembre por la Covid-19.
Encuentran descuartizada en Santander a Nancy Paola tras estar desaparecida un mes
Una mujer de origen guatemalteco, residente en Ciudad Real, era hallada el 17 de septiembre descuartizada en un espacio verde de Santander. La Policía Nacional encontraba el cuerpo, en avanzado estado de descomposición, y con los restos repartidos en varias bolsas de basura.
Tras las investigaciones realizadas todo apuntaba a que se trataba de una mujer que había desaparecido en Ciudad Real un mes atrás y cuyos familiares presentaron una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de Ciudad Real. Los efectivos policiales ciudarrealeños realizaban indagaciones sobre el paradero de la víctima y sus últimos movimientos hasta que llegó a Santander. El presunto asesino de Nancy Paola pasaba a prisión provisional en el penal de El Dueso, en Santoña y todas las pesquisas de la investigación apuntaban a un caso de violencia de género.
La coordinación entre agentes e investigadores de varios dispositivos de la Policía Nacional de Ciudad Real, Madrid y Cantabria permitían detener al presunto asesino de esta joven de 28 años, cuyo cuerpo desmembrado fue encontrado en Santander, a donde habría viajado con su victimario a pasar unos días de descanso, según relataron a la policía los familiares de la víctima.
Desde ese momento, la Policía Nacional inició una investigación que requería una intensa actividad de colaboración entre las comisarías de Ciudad Real (Grupo de Delitos Violentos) y la Jefatura Superior de Policía de Cantabria (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de Santander). Así, la Policía Científica de la capital cántabra se desplazó al domicilio donde había convivido la pareja en la ciudad, y encontraron restos de sangre, por lo que todo apunta a que en ese domicilio se habría producido la agresión mortal.
Paralelamente, los grupos especializados en Delitos Violentos de Ciudad Real y Santander realizaron una minuciosa investigación para localizar a la pareja ante las evidencias cada vez más claras, a medida que avanzaban las investigaciones, de que la joven no había desaparecido voluntariamente, sino que podía haber sido víctima de su pareja.
Los agentes trabajaron entonces en la recopilación de indicios y pruebas suficientes para comprobar que el novio habría infligido violencia y reconstruyeron el iter criminis seguido por el presunto culpable.
Detención
El 27 de agosto fue detenido al joven colombiano en la Comisaría de Distrito Centro de Madrid, a donde acudió para interponer una denuncia por la desaparición de su pareja. Al parecer, ofreció un relato “demasiado pormenorizado y confuso”.
El hombre, con antecedentes por violencia de género y otros actividades criminales, fue acusado, según el portavoz policial, de un presunto delito homicidio y otro por violencia en el ámbito familiar.
Una vez puesto a disposición judicial, fue enviado a prisión. En ese punto, Moreno ha dicho que sin el cuerpo “el proceso judicial se hubiera visto gravemente afectado”, por lo que se estableció un dispositivo de búsqueda de la víctima que tras diferentes rastreos localizó el cuerpo de Nancy Paola. Concretamente, los tétricos paquetes fueron hallados en varios puntos no muy alejados entre sí, en una escondida zona descampada con maleza, matorrales y desniveles, algunas de muy difícil acceso.
Esta mujer era la víctima 34 de la violencia machista en este 2020.
El precio de la uva provoca un conflicto en la D.O. Valdepeñas
La Mesa de Productores de la Denominación de Origen de Valdepeñas acordaba al inicio del mes de septiembre “iniciar de inmediato acciones encaminadas a detener de forma fulminante el desarrollo de la vendimia en esta zona de producción”, ante la salida de precios de uva para la presente campaña expuestos por los grupos industriales de la D.O. de Valdepeñas “fuera de cualquier realidad y al margen del precio real que tendrían que haber alcanzado”.
La Mesa de Productores entendía que “bajadas del precio en la uva de denominación de origen de más del 30% respecto al año anterior, no obedecen a realidad alguna de mercado, sino a prácticas mafiosas llevadas a cabo principalmente por bodegas de la zona como Félix Solís S.A., que pretenden así, una vez más, volver a estafar al agricultor, cuando ya no tiene capacidad alguna para defenderse en plena vendimia”.
Al mismo tiempo recordaba que dos meses atrás “desde este grupo industrial presidido por Félix Solís, junto a Maestros Bodegueros y con el apoyo del Consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, y el presidente de la D.O. de Valdepeñas y alcalde de la ciudad, Jesús Martín, ya se reconocía un incremento en la venta de vinos amparados por esta D.O. en periodo de confinamiento por la COVID de mínimo un 30%, causa además (entre otras), para solicitar un incremento del rendimiento de un 10% en la producción de uva D.O. recogido en el Pliego de Condiciones, ante la gran cosecha que se avecinaba”.
Por este motivo, consideraban que no se ajustaba a la realidad este precio y que era “un fraude o estafa clara al viticultor”, por lo que pedían que no se produjeran precios inferiores a los de la pasada campaña.
Los viticultores eran informados de la situación, mientras se anunciaba que el albergue estaría a disposición –como punto de confinamiento de temporeros- en esta campaña de vendimia.
UPA-CLM respaldaba la posición que mantenía la Mesa de Productores de la D.O. Valdepeñas para pedir unos precios dignos que iba acompañado por concentraciones de los agricultores de esta zona en el Paseo de la Estación y en la sede de la D.O. Valdepeñas aprovechando una reunión de la junta directiva en la misma y reclamando la subida del precio de la uva.
Así, la reunión celebrada por la junta directiva de la D.O. Valdepeñas acordaba convocar elecciones y realizar una auditoría.
El tiempo pasaba y las empresas presentaban nuevas tablillas de precios, así Bodegas Félix Solís publicada su incremento y hacía lo mismo Bodegas Vinartis. Además, la asamblea general se fijaba para el día 16 de octubre, fecha en la que se tomaría la decisión de poner en el calendario día para realizar las elecciones a este organismo.
