Una encuesta realizada a finales de noviembre por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y otras asociaciones europeas de consumidores de Bélgica, Italia y Portugal, sobre una muestra representativa de alrededor de 4.000 personas de entre 18 y 74 años, ha revelado las persistentes dudas de un apreciable porcentaje de la población para vacunarse contra la COVID-19.
Según la encuesta, en España hay un 8 por ciento de adultos que aseguran no haberse vacunado, un porcentaje que cuadra con las cifras del Ministerio de Sanidad. De ellos, tres de cada cuatro, el 6 por ciento de la población adulta, no parecen decididos a hacerlo.
Los principales motivos son la falta de confianza en el proceso de elaboración y aprobación de la vacuna (41 por ciento), que dicho proceso esconde intereses políticos/económicos (32 por ciento), así como la posibilidad de que algunas de las vacunas no sean tan seguras como se anuncia (30 por ciento).
Otras razones que esgrimen son la desconfianza en su efectividad real (22 por ciento), la no pertenencia a un grupo de riesgo (16 por ciento) o que, sencillamente, no creen en las vacunas (12 por ciento).
Además, ante la probable vacunación de los menores de 12 años, el 9 por ciento de los padres españoles encuestados se declaran en contra; y otro 19 por ciento tiene dudas.
A nivel europeo, la encuesta revela también que dos de cada tres personas (64 por ciento) son favorables a la vacunación obligatoria, más si cabe cuando se trata de sanitarios (74 por ciento) y funcionarios de cara al público (68 por ciento). Aunque el consenso baja para menores entre 12 y 17 años (48 por ciento) y niños más pequeños (38 por ciento).
En cuanto a los test de detección del coronavirus, en España se confirma la falta de recursos públicos para realizarlos en los últimos doce meses. En concreto, un 5 por ciento denuncia que no se lo hicieron pese a tener un contacto estrecho con una persona infectada, lo mismo que otro 4 por ciento, pese a presentar síntomas compatibles con la COVID-19. De hecho, desde el pasado noviembre, un 11 por ciento de los encuestados se hizo un test en un centro privado porque o bien no se lo hacían o lo hacían con retraso.
Por otro lado, son mayoría (74 por ciento) los europeos que defienden la liberalización de patentes de las actuales vacunas en los países en vías de desarrollo.
