Hacer cumplir de manera efectiva la Ley de la Cadena Alimentaria y flexibilizar los ecoregímenes (EERR) de la nueva PAC para cultivos leñosos son las principales demandas de la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) para 2023.
Así lo ha reclamado el presidente nacional y provincial de la organización, Pedro Barato, minutos antes de inaugurar su tradicional Comida de Hermandad, en la que han participado varios cientos de agricultores de todo el territorio provincial, y que han recuperado tras dos años de ausencia por la pandemia.
La organización también ha hecho de sus reconocimientos y distinciones anuales.
Barato ha comentado a los medios su exigencia al Ministerio de Agricultura de que se cumpla la ley de la cadena, precisamente reforzada este martes por el Gobierno con la obligación de registrar oficialmente los contratos del sector, para lo que ha demandado “inspectores que comprueben los precios en origen” como una forma de “hacer valer de manera eficaz” la normativa.
Es una demanda que ha resumido en un ripio propio como que “la cadena será más fuerte cuanto más fuerte sea el eslabón más débil”.
El líder agrario ha reclamado una PAC para “producir, producir y producir”, más allá de las limitaciones impuestas por las autoridades agrícolas y europeas, “excesivamente verdes” como las de los sectores de fitosanitarios y fertilizantes.
Igualmente, ha recordado la negociación con Agricultura para que “no se pierda un duro” del 23% del presupuesto, correspondiente a los ecorregímenes.
Rebaja de las cotizaciones sociales
Por último como miembro de la CEOE se ha mostrado a favor de subir el salario mínimo interprofesional (SMI), a cambio de “la contrapartida” de que “las cotizaciones sociales del sector se rebajen un 30%”.
Según ha dicho, la organización se ha dirigido este mismo miércoles a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y le han pedido dicha rebaja, con el fin de que el sector pueda asumir la subida en un 38,4% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en dos años.
Según el líder agrario, un sueldo neto de 1.300 euros supone al empresario agrícola un coste de 2.850 euros. Se trata de una cantidad, ha advertido Barato, a la que es difícil hacer frente en un ámbito con pocos márgenes por los efectos del alza de los inputs y por la inestabilidad que trae la meteorología adversa, como la intensa sequía del último año.
La nueva PAC, el gran reto en 2023
Barato ha estado acompañado por el secretario general de Agricultura y Alimentación del ministerio de Agricultura, Fernando Miranda, quien ha reconocido que 2022 ha sido un año complejo, aunque ha destacado “la herramienta legal de primer orden” que supuso la modificación de la ley de la cadena con la introducción del factor de los costes de producción en la formación de los precios agrarios. Se suma el último real decreto para que los contratos agrícolas se inscriban en un registro oficial.
Pero 2023, según ha dicho el secretario de Estado, tendrá una gran protagonista como es “el desafío” de poner en marcha “el 1 de marzo a efectos prácticos para los agricultores”, de la nueva PAC y del Plan Estratégico Nacional sobre estas políticas.
“Es un compromiso de todas las partes establecer en el plan el futuro de los mecanismos para los próximos cinco años”, en el que han intentado encontrar “un equilibrio entre la necesidad de mantener la rentabilidad con la sostenibilidad”.
Por eso, “estamos colaborando con las organizaciones agrarias, dándoles apoyo financiero, para que puedan atender a sus agricultores y ganadero”, además de las ayudas directas y sectoriales. El objetivo es “seguir teniendo un sector capaz de generar valor y de ser líderes como somos a nivel europeo y mundial, donde somos el séptimo país del mundo en valor de las exportaciones”, ha subrayado.
También seguirán “atentos” a las producciones, que se han visto muy aminoradas por la intensa sequía, como el aceite de oliva, los cereales, y también por la guerra en Ucrania, que ha contribuido al alza de los precios de los inputs. Ha recordado, del mismo modo, la inversión del departamento nacional para paliar los efectos negativos de 163 millones para el sector lácteo y 194 millones para el ganadero.
Miranda se ha mostrado seguro de que en 2023, junto a las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias, la nueva PAC garantizará que en octubre los agricultores y ganaderos sigan cobrando el anticipo y en diciembre el saldo. Así podrán, a su juicio, planificar sus cultivos con tranquilidad con tranquilidad en los mismos cinco años.
Al acto también han asistido la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo; el presidente de la Diputación provincial, José Manuel Caballero; y la alcaldesa capitalina, Eva Masías, entre otros cargos y personalidades.
Al lado de los agricultores
Carmen Olmedo ha mostrado el compromiso de la Junta al sector y “va a estar siempre al lado de los agricultores”, ya que, si “os va bien a vosotros, a la región también le irá bien”.
Ha avanzado igualmente, la puesta en marcha de nuevas ayudas de 26 millones de euros para las cepas más viejas de la comunidad, dentro del Programa de Desarrollo Rural (PDR), “con cien euros por hectárea para aumentar su rentabilidad”.
También ha hecho referencia a la petición realizada por el Gobierno de Castilla-La Mancha a la Confederación Hidrográfica del Guadiana para que “no aplique este año restricciones a las dotaciones ya justas con las que contáis” aplaudiendo que, las tres masas representativas de Ciudad Real, Mancha Occidental I y II y Campo de Calatrava hayan ido de la mano con el Gobierno regional “votando a favor de la propuesta de mantener el riego actual, reconociendo así el esfuerzo que mayoritariamente hacéis para cuidar cada gota”.
Tras valorar la “celeridad” con la que el Ejecutivo regional procede al pago de la PAC, con casi 300 millones transferidos entre 2021 y 2022, ha subrayado la importancia del sector vitivinícola en la producción agrícola regional, al rozar el 5% del PIB de Castilla-La Mancha.
Arreglo de caminos
José Manuel Caballero, por su parte, ha puesto de relieve, en la misma texitura, la importancia del sector agrícola y agroalimentario en la provincia de Ciudad Real, “con una aportación significativa al PIB”y un gran protagonismo “en cartera exportadora” de Ciudad Real, con 1.800 millones hasta agosto y una previsión por encima de los 2.000 millones al cierre del ejercicio.
En la misma línea, Caballero ha destacado el papel del sector primario en la fijación de población en los pueblos, un marco en el que la institución provincial ha realizado inversiones de más de 10 millones de euros para adecuar los caminos, en u nterritorio con 26.000 kilómetros cuadrados de este tipo de vías. Ha remachado, además, la necesidad de que los agricultores paguen un precio justo por sus productos.
En similar contexto, la regidora de Ciudad Real ha reconocido el trabajo de productores que permiten que “pongamos los alimentos en la mesa cada día”. Eva Masías también ha calificado de “esencial” la labor de un sector “imprescindible” como se demostró en la pandemia.
