La Plataforma de Afectados por el Arranque de Viñedo en Castilla-La Mancha (AFERRAN) estima en 350 millones de euros las pérdidas ocasionadas a pequeños viticultores de la región por el “arranque forzoso de viñas”, según indica la plataforma en nota de prensa.
Desde esta plataforma indican que “la Administración regional obligó a arrancar unas 17.000 hectáreas de viñedo utilizando un procedimiento carente de los más elementales principios de seguridad jurídica, al carecer de un informe técnico con los requisitos legales establecidos en la Ley 30/1992 y utilizando es su lugar unas simples actas de campo sin ningún valor probatorio respecto a la fecha de plantación, al no hacerse constar ni la metodología aplicada ni los razonamientos técnicos que llegan a la conclusión que en las mismas se recogen”.
Esto ha significado que miles de pequeños viticultores han tenido que arrancar las viñas que eran su medio de vida para evitar las “desproporcionadas sanciones coercitivas” que se han venido imponiendo.
Ante esta situación, desde la Plataforma de Afectados por el Arranque de Viñedo en Castilla-La Mancha están elaborando una reclamación colectiva por los daños morales y económicos sufridos.
De momento, el presidente de esta plataforma, Lorenzo Delgado, ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional dichos hechos, por entender que “los mismos podrían ser constitutivos de un delito continuado de prevaricación y falsedad documental, de los que serían presuntos responsables los últimos cinco consejeros de Agricultura de Castilla-La Mancha, bajo cuyos mandatos se han ido sucediendo los expedientes de arranque y de imposición de multas coercitivas derivadas de dichos expedientes”.
La plataforma basa esta denuncia en que el Reglamento (CE) 479/2008 concedió a los viticultores con viñedos plantados con anterioridad al 1 de septiembre de 1998, una oportunidad para su regularización. En desarrollo del citado reglamento se dictó en España el Real Decreto 1244/2008, por el que se regula el potencial de producción vitícola.
Añade que “presentadas por los agricultores las solicitudes de regularización de las parcelas plantadas con anterioridad al 1 de septiembre de 1998 fueron, en muchos casos, denegadas de forma irregular por la Administración regional, en base a unas hojas de campo/informes elaborados por los técnicos de la administración con afirmaciones inconcretas e inexactas fruto de la simple apreciación del técnico actuante y en base a las que se fueron incoando los expedientes de arranque de las viñas de los propietarios afectados”.
El presidente de la plataforma mantiene un contencioso-administrativo con la Consejería de Agricultura por estimar que “su falta de rigor” ha perjudicado a miles de pequeños agricultores que “se han visto obligados a arrancar sus viñas, que eran su medio de vida para evitar “las desproporcionadas sanciones coercitivas que se han venido aplicando” y que, en el caso de algún afectado, ascienden a 600.000 euros”.
Además, elevó esta situación al Defensor del Pueblo, al considerar que el “arranque indiscriminado de viñedo se podía haber evitado si la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha hubiera aplicado los derechos históricos que tenía sobre más 30.000 hectáreas de viñedo”.
