La celebración del debate sobre el estado de la región, en Castilla-La Mancha, se presentaba como tarea dura y difícil para el gobierno del Partido Popular. Presentar como éxitos del gobierno, la reforma laboral asumida y desarrollada al pie de la letra con nuevos añadidos y despidos, los recortes radicales en materia de sanidad, de educación y de servicios sociales resultaba difícil. Porque si ver al Presidente del Gobierno, pidiéndonos fe en el futuro, y asegurando que los recortes actuales y la reducción del déficit producirán beneficios en el futuro es difícil, oír el mismo discurso en boca de la Presidenta de esta Comunidad resulta un ejercicio imposible.
Por ello era necesario adornar el debate con fuegos artificiales, adornos florales que dirigiesen la atención hacia otro lugar. Podría haber anunciado un proyecto de Eurovegas Castilla-La Mancha o algo por el estilo que parece que es el proyecto de futuro que se anuncia para nuestro país en Cataluña y Madrid, con regocijo de lugares limítrofes entre ellos ciudades de Castilla-La Mancha. Pero no, el anuncio se dirigió a la base de nuestro sistema democrático.
Sistema democrático representativo.
Porque el sistema democrático español es un sistema representativo, un sistema en el que tenemos la capacidad de votar para elegir a aquellos que nos van a representar durante cuatro años en las distintas administraciones. Los elegidos son nuestros representantes, pero sobre todo son los responsables de dirigir la administración correspondiente o ejercer la labor de oposición según hayan sido sus resultados electorales. Las Cortes de Castilla-La Mancha según el artículo 9 de nuestro Estatuto de Autonomía tienen capacidad legislativa, de control del Gobierno, exigir la responsabilidad política del Gobierno de cada momento y tramitar una serie de leyes o acuerdos que deben remitirse al Congreso de la Nación. Y el proceso democrático de elección de nuestros representantes, debe reunir una serie de características que lo validan.
El primero de ellos es lograr que los votos de los ciudadanos se traduzcan de la forma más adecuada posible en las representaciones que se producen en cada uno de los órganos de gobierno, en este caso en las Cortes de Castilla-La Mancha. Ello supone que si asumimos el reparto provincial que, en la actualidad, tenemos atribuido el número de diputados en cada provincia debe ser proporcional a los habitantes que haya en cada provincia cuando se realice la votación. Nuestro Estatuto de Autonomía establece que las Cortes tendrán un mínimo de 47 diputados y un máximo de 59 con un número mínimo de diputados por provincia (10 Albacete, 11 Ciudad Real, 8 Cuenca, 8 Guadalajara y 12 Toledo).
La reforma de la Ley electoral que aprueba el Gobierno de María Dolores Cospedal aumentó el número de diputados en Ciudad Real de 11 a 12, en Cuenca de 8 a 9, en Guadalajara también de 8 a 9 y en Toledo de 12 a 13. Una clara manipulación partidista que trata de conseguir, a través de la ley, mejores resultados electorales de los que en realidad les dan las urnas. El reparto electoral debe buscar claramente la mejor y más equilibrada representación de la voluntad de los ciudadanos expresadas en los votos. Los juegos para hacer que esos votos se traduzcan en resultados diferentes son un claro atentado contra un principio esencial de la democracia representativa.
Con el actual sistema electoral quedan fuera del parlamento partidos que no llegan a los votos necesarios en cada provincia pero que tienen una amplia representación regional. El tema tiene la suficiente importancia y alcance para requerir un nivel de discusión e intento de acuerdo de los grupos políticos. No pueden ser los fuegos de artificio de un debate electoral que se lanzan sabiendo que no tienen posibilidad de prosperar. La reducción de parlamentarios a la mitad requiere la modificación del Estatuto y por tanto la aprobación de los 2/3 del Congreso de los Diputados, que el Partido Popular no tiene. Por ahora lo que tenemos es un aumento de diputados por el camino de la modificación de la Ley electoral. Eso es lo que ha aprobado su gobierno hace apenas unos meses.
Retribuciones de los parlamentarios.
Junto a una propuesta provocadora de reducir el número de diputados a la mitad se anuncia la retirada de retribuciones a los parlamentarios como propuesta populista que en el fondo supone el menosprecio que se tiene hacia el ejercicio político (de los demás se entiende). Propuesta provocadora, desconocida hasta por muchos de su grupo político en el momento de hacerse presente, y que ahora comienza a tener interpretaciones y adecuaciones en otras comunidades autónomas del Partido Popular o en comentarios de ministros.
La propuesta es una clara manifestación de la concepción que se tiene del ejercicio de la política. Que los parlamentarios no deberían cobrar más que su sueldo es algo que está propuesto hace tiempo por el grupo socialista y parece que no les gusta a algunos de los dirigentes populares. Junto a ello una incompatibilidad con el ejercicio de tareas que puedan interferir en alguna medida con sus cargos es fundamental para evitar que algún ministro o consejero pueda votar y decidir en temas que tienen que ver con los de sus familias o amigos.
Pero cosa diferente es pretender que los parlamentarios se dediquen a sus tareas y en sus ratos libres ejerzan de parlamentarios. Ese era el modelo de los caciques del siglo pasado que se repartían los mandatos y que, con sus situaciones económicas desahogadas, ejercían de diputados para defender sus intereses y no los de la mayoría. Pero esos tiempos ya están superados suponemos. La democracia quiere que todo el mundo pueda acceder a esa situación independientemente de su condición económica y para ello hay que retribuirles de forma adecuada con toda la austeridad que queramos, pero también con la dignidad de un cargo que tiene importantes responsabilidades.
Y puede y debe reconocer el trabajo que les pedimos realicen nuestros parlamentarios en el ejercicio del gobierno o de la oposición. Deberemos controlar activamente que ejercen su labor de forma activa, entregada y con una dedicación plena al mismo, cosa difícil cuando tienen otras variadas ocupaciones. Pero también debemos ser capaces de reconocer un trabajo que tiene una incidencia importante en nuestras vidas y que es capaz de decidir sobre temas esenciales de nuestra economía, de nuestra organización social. El desprecio que en muchos casos se detecta en la sociedad sobre la clase política no puede ser asumido, porque en definitiva es una propuesta de aquellos que querrían gobernar no desde la democracia sino desde sus poderes económicos, mediáticos o de cualquier otra clase.
La propuesta de María Dolores Cospedal sobre la reducción de parlamentarios y eliminación de sueldo son los fuegos artificiales para terminar un año de retrocesos sociales, de falta de proyecto para Castilla-La Mancha. Pero son fuegos artificiales peligrosos porque juegan con la realidad esencial de una democracia parlamentaria. Los fuegos artificiales hay que dejarlos para las ferias y manejados por artificieros expertos.
