El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) considera inadmisible la situación de la mayor parte de los edificios que albergan juzgados en Ciudad Real y Castilla-La Mancha, por la “dejadez” del Ministerio de Justicia, que según dicen lleva años, desde que negocia las transferencias, sin invertir un sólo euro en reformas, y piden un plan serio y programado de obras.
A la situación de cierre parcial de las instalaciones de los juzgados de Puertollano, por decisión de la Inspección de Trabajo previa denuncia del Comité de Salud Laboral de Justicia, podrían sumarse más denuncias en Almagro -unos juzgados en los que ya hubo que hacer una obra de urgencia- y Alcázar de San Juan, aunque las condiciones penosas y precarias podrían trasladarse a cualquier otro lugar de Castilla-La Mancha. “Lo de Puertollano no es más que la punta del iceberg” de lo que ocurre en el resto de la región, dijo esta mañana el secretario provincial del sindicato Felipe Pérez.
CCOO estima las obras necesarias entre 60 y 80 millones de euros, muchas de ellas programadas, pero ni presupuestadas ni ejecutadas.
Estudio
Además el sindicato está visitando todos los juzgados de la región y elabora un estudio en el que se detallará la situación y se especificaráN las obras que hay que hacer con más urgencia, que pondrán a disposición de la Inspección de Trabajo posiblemente en la primera quincena del mes de julio.
El dirigente sindical dijo que la situación de dejadez y en muchos casos con peligro de hundimiento de los edificios judiciales, es más grave que la de los colegios y centros de enseñanza o de los hospitales y ambulatorios, previa a las transferencias. “Entonces había algunos casos, ahora se puede decir que la mayoría están muy mal”.
Según Comisiones Obreras se ha llegado a este punto porque en muchos lugares se han ido ampliando las competencias y creando juzgados “parcheando” viejas instalaciones.
Manuel Morales, secretario de la Federación de Servicios al Ciudadano, añadió que lo normal en la administración de Justicia es encontrar una habitación llena de expedientes almacenados en la que además trabajan varias personas y se atiende al ciudadano. También denuncian que ni siquiera hay dependencias para separar a víctimas y acusados, algo muy grave en casos de violencia doméstica
