Los propietarios de las tierras que el Estado ha recuperado como Dominio Público Hidráulico en el tramo del río Guadiana entre los molinos de Zuacorta y Molemocho están preparando las alegaciones con las que “defender nuestros derechos” frente a la administración, en palabras de Jesús Pozuelo.
El presidente de la comunidad de regantes de Daimiel, y afectado por este deslinde, explicó en Radio Daimiel que los “cerca de veinte propietarios” de estos terrenos están recabando toda la documentación posible para avalar la privacidad de dichas parcelas. “Hemos acudido al Archivo Histórico, tenemos notas del registro que demuestran que se han ejecutado hasta 10 ventas diferentes y los pozos están perfectamente documentados”, relató.
Por todo ello, Pozuelo cree que “la administración está entrando en una contradicción”, y no entiende que “antes de que haya una resolución en firme”, esas tierras ya estén “grabadas en el registro de propiedad dentro de un proceso de apeo y deslinde”.
De momento, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) no ha dado pistas a los agricultores afectados de cómo va a solucionar el conflicto. Por eso están dispuestos a plantear batalla judicial si tras la presentación de sus alegaciones, cuyo plazo de presentación finaliza el próximo 30 de septiembre, no se resuelven satisfactoriamente para ellos en la vía administrativa.
Jesús Pozuelo vislumbra que esta decisión que anunció la CHG el pasado mayo tiene como objetivo la ampliación del Parque Nacional de las Tablas hasta el nacimiento de los Ojos del Guadiana, algo que no le parece “descabellado” porque son zonas “íntimamente relacionadas”. Si esta fuera la hoja de ruta, Pozuelo entiende que la administración debería hacer “lo mismo que hizo cuando el parque se amplió hacía el oeste” con la construcción de las presas del Morenillo y de Puente Navarro, donde las tierras se compraron y “no hubo mayores aspavientos”.
