La violencia de género, un problema que no para de crecer (este año llevamos 32 mujeres asesinadas, seis más que en 2016) ha conseguido poner de acuerdo a todos los partidos políticos del Congreso en la aplicación de 200 medidas para combatirlo.
“Viene dotado de presupuesto, mil millones a invertir en cinco años y eso es muy importante”, recalca la secretaria de Igualdad del PSOE provincial Carmen Olmedo que pone el acento en las medidas preventivas en colegios y centros educativos, y en la recuperación de competencias en la materia “que los ayuntamientos perdieron con la ley Montoro”.
Para Carmen Quintanilla, diputada del PP por Ciudad Real, lo relevante del acuerdo es el “hito histórico” que supone y el reflejo de “la voluntad de acuerdo” de su partido, que gobierna en minoría.
A Olmedo el término “histórico” no termina de convencerle: “Histórica fue la Ley Integral de 2004 que impulso el gobierno de Rodríguez Zapatero y el precedente de la ley de Castilla-La Mancha de 2002”, apostilla.
Ya no hará falta sólo la denuncia
Al margen de estas disquisiciones partidistas, las dos celebran pacto y lo que se derivará de él. Importante: ya no hará falta que una mujer denuncie un maltrato para que se pongan en marcha las ayudas, los médicos de familia podrán certificar esta circunstancia. La justificación es que denunciar a la persona con la que se convive durante años no es nada fácil. “Nos hemos dado cuenta de que muchas veces llegamos tarde. Lo interesante ahora es que se pongan en marcha los recursos de protección antes de la denuncia”, subraya Olmedo.
Educación en igualdad en las aulas
Se viene repitiendo hasta la saciedad: hay que educar en igualdad, pero los programas de estudios básicos no recogen ninguna medida de este tipo. El Pacto de Estado entra de lleno en esa materia y aunque falta desarrollo se supone que a partir del curso que viene introducirá asignaturas o materias en el programa académico.
En este punto Olmedo subraya que el Gobierno de Castilla-La Mancha, con competencias en educación, pretende introducir una asignatura en valores en la comunidad autónoma.
Quintanilla también destaca la medida que facilitará que los servicios sociales y sanitarios acrediten a víctimas de violencia de género que no hayan presentado denuncia “o las asignaturas obligatorias y evaluables sobre violencia de género en las carreras del ámbito judicial, educativo, sanitario y policial”, añade.
En este pacto, que se supone que empezará a rodar en otoño, también posibilita a los ayuntamientos y centros de la mujer para recuperar competencias y presupuestos perdidos con la Ley de Estabilidad Presupuestaria que les quitó las competencias impropias. “Entendemos como Partido Socialista que la administración más cercana es el Ayuntamiento y su papel en la detección y protección de las víctimas tiene que ser importante”, añade Olmedo.
Cautela desde el sector judicial
En un día de valoraciones postpacto, desde el sector judicial en la provincia se muestra cautos y prefieren conocer con más detalle el acuerdo (no se les ha dado traslado de forma oficial) antes de opinar.
No obstante, para sindicatos como Justicia y Progreso, mayoritario en la junta de personal en Ciudad Real el pacto no incluye de entrada ninguna de sus reivindicaciones: juzgados especializados sobre todo en localidades pequeñas, espacios adecuados en los juzgados para separar a víctimas y maltratadores, formación del personal, y mejoras en programas informáticos como el SIRAJ de notificación de medidas cautelares, para que no se produzcan errores en el control de las órdenes de protección o los antecedentes, destaca su portavoz Ricardo Rosales.
Desde los partidos políticos dicen que todo llegara, y entienden que la justicia es un pilar más. También consideran conveniente recuperar los pactos locales y provinciales que se reunían en provincias como Ciudad Real cada vez que se producía un caso grave de violencia de género para ver en qué se había fallado y cómo mejorar.
Este martes se ha sumado a las primeras reacciones al pacto de Estado la asociación de periodista de UGT que ponen el acento en una reivindicación de muchos colectivos: que los medios de comunicación que todavía mantienen anuncios de contactos los supriman y contribuyan así a erradicar la prostitución, “ya que la explotación sexual vulnera los derechos humanos y fomenta la trata de mujeres y menores”.
