La ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha dará voz al colectivo de cerca de 36.000 personas con discapacidad de la región, mayores de 18 años, que tienen limitada su autonomía personal para la toma de decisiones y tranquilidad “merecida” a las familias que se preguntan por el futuro de sus familiares cuando ellos falten, al tiempo que “marcará un antes y un después” en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
Así lo ha afirmado hoy, durante su intervención en las Cortes de Castilla-La Mancha, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, quien ha recalcado que “hoy es un día histórico para Castilla-La Mancha”.
“El sector de la discapacidad, podría mucho mejor que yo, manifestar lo que esta ley significa para las personas con discapacidad y, especialmente, para sus familiares, para sus padres, madres, hermanos, hermanas, tíos o tías”, ha afirmado la consejera, quien ha destacado “la voluntad y decisión personal del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page” para que esta ley sea una realidad.
Ha expuesto que, a través de esta ley, pionera en toda España y en Europa, “se dará protección y apoyo garantizado a las personas con discapacidad y tranquilidad merecida a sus familias, una respuesta a la angustia que muchos padres y madres sienten cuando piensan en el futuro de sus hijos cuando ellos falten”.
Ley de Dependencia
Con esta normativa, ha continuado, “se da un paso más en la ley de Dependencia, en la ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad y en el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, de modo que “se modifica el modelo de sustitución en la toma de decisiones de las personas con discapacidad y se establece un modelo de apoyo o complemento para que puedan adoptar sus propias decisiones. Se pasa de la incapacidad a un modelo de apoyo”.
“La ley será el instrumento jurídico que permita a la persona con discapacidad que presente limitaciones en su autonomía personal para la toma de decisiones, configurar de forma dinámica los apoyos que pueda necesitar a lo largo de su vida. Deja escrito sobre el papel el compromiso de la Administración autonómica con las personas con discapacidad y sus familias, ya que hasta ahora solo pueden recurrir a la tutela judicial”, ha valorado.
Para dar respuesta a ese derecho reconocido en la Convención de la ONU, se introduce la figura del ‘Plan Personal de Futuro’, donde se contemplan las preferencias de las personas con discapacidad con el apoyo de su familia y una figura de mediación.
De este modo, se evita o se retrasa, en la medida de lo posible, atravesar un proceso civil de modificación de la capacidad de obrar y se pretende que este recurso -el de la incapacitación- sea el último.
“Les puedo decir que ha legislado, en sentido similar e incorporando decisiones sociosanitarias, Suecia, Irlanda y Canadá y que otros países como Bulgaria, Israel o República Checa van en la línea de reformar las instituciones civiles clásicas de tutela, pero ninguno de manera tan ambiciosa como lo está haciendo con esta ley Castilla-La Mancha”, ha advertido.
De este modo, Castilla-La Mancha será la primera región de Europa que elevará a rango de ley “una reivindicación justa y especifica de los familiares de las personas con discapacidad de Castilla-La Mancha, lo que supone un gran avance social”, ha afirmado.
Dos objetivos a desarrollar
La ley contempla dos grandes objetivos a desarrollar: el Sistema de Apoyos y la Garantía del Apoyo Residencial.
El Sistema de Apoyos abarca, en primer lugar, los Planes Personales de Futuro, a semejanza de la declaración de voluntades anticipadas en el ámbito sanitario. Es una declaración de voluntad en la que se manifiestan las preferencias futuras de atención de las personas con discapacidad cuando sus familiares falten.
Para ello, se van a crear las Unidades de Orientación y Apoyo, con la colaboración de la Administración regional y las entidades especializadas de atención a personas con discapacidad y que estarán conformadas por agentes mediadores. Además, habrá una Oficina Regional de Orientación y Apoyo que coordinará y apoyará a las unidades de orientación. Y, por último, un Registro de Planes de Futuro de las personas con discapacidad.
La coordinación de esta estructura de atención corresponderá a las consejerías de Bienestar Social y de Sanidad, ya que las personas que presentan limitaciones para la toma de decisiones son personas con discapacidad y, especialmente, discapacidad intelectual, deterioro cognitivo, daño cerebral o enfermedad mental.
El segundo “gran objetivo”, ha continuado la consejera de Bienestar Social, es la Garantía de Apoyo Residencial, una vez que la persona con discapacidad, que presenta limitaciones para la toma de decisiones, no cuente con sus apoyos familiares.
Se establece, de esta manera, una garantía de preferencia de acceso a la red de recursos residenciales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
“Y es que, señorías, esta ley tiene sentir, pero también y lo que es muy importante, presupuesto. Este Gobierno ha demostrado su compromiso con la recuperación de los derechos sociales y en 2018, se destina al colectivo de la discapacidad más de 100 millones de euros, diez millones de euros más que en el año 2014”, ha explicado.
Presupuesto para 2018
Así, ha apuntado que el presupuesto en 2018 para su desarrollo asciende a cinco millones de euros que conllevarán la creación de más de 400 plazas de Atención Especializada y 85 residenciales para personas con trastorno mental.
“Es una ley oportuna, es una ley posible y es una ley que no es éxito de un Gobierno sino de toda la sociedad de Castilla-La Mancha, de todos los castellano-manchegos y todas las castellano-manchegas. Una ley que es fruto del compromiso firme del Gobierno del presidente Emiliano García-Page con el colectivo de la discapacidad, y fruto del diálogo. Y no solamente del Gobierno de Castilla-La Mancha, sino de estas Cortes regionales, de los tres grupos parlamentarios, que se han reunido con el sector que han hecho aportaciones al texto, muchas de las cuales han sido incluidas en la Comisión celebrada la pasada semana aquí en estas Cortes”, ha considerado.
Con todo, ha reconocido, “absolutamente, a cada una de las entidades del CERMI y de la discapacidad de Castilla-La Mancha su trabajo para que esta ley vea la luz, su informe previo, su apoyo y su exigencia continua, que ha permitido hacer un texto claro, sencillo, pero comprometido, con los derechos de las personas con discapacidad”.
“Mi reconocimiento especial a una persona, que junto a su equipo, ha conseguido hacer realidad y plasmar en la ley los anhelos de las familias, que es la directora general de Atención a la Dependencia, Ana Saavedra, trabajadora incansable, minuciosa y cercana”, ha señalado.
Además, ha reconocido el trabajo del director general de Mayores y Personas con Discapacidad, Javier Pérez, y a su equipo, que “han estado desde el primer momento aportando su conocimiento y buen hacer, y también a los demás directores generales, directores provinciales y secretaría general y a todos los empleados públicos que se han implicado y colaborado”.
“Reconocer las aportaciones y valoración de miembros de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, y en particular de su presidente. Miembros también de otras consejerías y departamentos del Gobierno”, ha añadido.
Consejo Regional de Servicios Sociales
También ha reconocido a los miembros del Consejo Regional de Servicios Sociales que incorpora a representantes de los agentes sociales y empresariales, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de colegios profesionales, de entidades del Tercer Sector y de otras administraciones.
“Mi gratitud a los compañeros del Consejo de Gobierno y, especialmente, al presidente, Emiliano García-Page, por darme la oportunidad de trabajar en un área que me apasiona, pero sobre todo por haber sentido la necesidad de las familias, por tener la iniciativa, por creer que era posible y encomendarme su desarrollo”, ha aseverado.
Desde la tribuna de invitados, han seguido el debate representantes del CERMI, Plena Inclusión, la ONCE, Asprona, AMIAB, Apanas, Apace Toledo y Talavera, Asprodeta, Asprodiq, Apromis, Adace, Aspadec, Amafi, Fórum de la Discapacidad, Manos Artesanas, CLM Inclusiva, Fundación Familia, Futucam, Fundace, Fundación Mayores, Fundación Sociosanitaria, Fundación Madre de la Esperanza, Fundación Madre y Fundación Afanias.
