La Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género de Castilla-La Mancha entrará en vigor el día 15 de noviembre, tras su publicación este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Dicha norma fue aprobada por unanimidad en las Cortes regionales el pasado 4 de octubre.
En dicho texto, que publica el DOCM y recoge Europa Press, se recuerda que la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones “constituye una grave y dramática expresión de las desigualdades entre mujeres y hombres que siguen existiendo en todo el mundo” y señala que la Junta de Comunidades “sostiene firmemente su compromiso con la consecución de una sociedad en la que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y libertades fundamentales”.
La ley recoge, entre otros aspectos, medidas como el reconocimiento de una ayuda económica a los menores huérfanos por actos de violencia de género.
En concreto, esta norma incluirá que los hijos cuya madre haya sido asesinada por su padre sean considerados a todos los efectos como víctimas de violencia machista y tengan una ayuda anual de 4.000 euros. Con ello, la norma busca garantizar que la pérdida de la madre no suponga perjuicios económicos ni para los hijos ni para sus familias de acogida.
Asimismo, recoge que, en el ejercicio de la acción popular, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pedirá la retirada de la patria potestad de los menores comunes cuando la madre sea asesinada.
De igual modo, la norma permitirá también que los familiares que se queden con la custodia de los menores huérfanos por violencia de género tengan acceso preferente a la vivienda.
Además, la nueva ley de violencia de género de Castilla-La Mancha considerará también como violencia machista situaciones y comportamientos como la trata y la explotación sexual de mujeres, la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados.
Igualmente, contempla el concepto de ‘violencia institucional’ tras la aprobación de una enmienda presentada por Podemos, considerándose esta como “las acciones u omisiones que realizan las autoridades y profesionales de organismos públicos que tengan como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan sus derechos para asegurarles una vida libre de violencia”.
