El vicepresidente de la FEMP castellano-manchega, coordinador provincial del PP de Ciudad Real y alcalde de Membrilla, Manuel Borja, ha explicado en rueda de prensa que la subida del SMI a 900 euros en este 2019 supondrá que los costes de los planes de empleo municipales suban en 250 euros al mes por cada trabajador y ha manifestado que debe ser el Gobierno regional quien se encargue del sobrecoste, ya que es él quien tiene las competencias en materia de empleo.
Borja ha detallado que hay 688 entidades municipales en la Comunidad Autónoma que se ven afectadas por esta subida del salario mínimo, de las que 658 son ayuntamientos, y ha considerado que “no es de recibo” que “a la mitad del partido cambien las reglas del juego”, ya que cuando los ayuntamientos iniciaron estos planes de empleo contaban con una cantidad presupuestaria “que va a ser muy distinta ahora de la realidad”.
Sin embargo, ha afirmado que los ‘populares’ no tienen “muchas esperanzas” de que el Gobierno castellano-manchego vaya a dar “una solución satisfactoria” a esta cuestión, lamentando que el presidente regional, Emiliano García-Page, “ha jugado con los ayuntamientos de Castilla-La Mancha durante toda la legislatura”.
“Esta desconfianza que el Gobierno de García-Page ha sembrado en todos los ayuntamientos de la región hace que situaciones como esta no animen precisamente a los alcaldes a firmar convenios con la Junta porque, como estamos viendo, cuando surge algún problema se lava las manos y los perjudicados somos siempre los municipios”, ha apuntado.
Propone que se compartan los gastos
Por todo ello, el coordinador del PP de Ciudad Real ha manifestado que el aumento de los costes por trabajador “lo deberían compartir entre la Junta y las diputaciones o la Junta íntegramente”.
Sin embargo, ha admitido que, en caso de que los ayuntamientos tuvieran que pagar “una parte muy pequeña” de esta subida del gasto en los planes de empleo, lo harían porque las entidades locales “nunca” evaden sus responsabilidades.
“Nosotros la tenemos –la responsabilidad– porque somos quienes hemos contratado a estos trabajadores, pero la competencia es de la Junta” , ha sostenido, aunque ha insistido en que el gasto “no recaiga íntegramente en las administraciones más desfavorecidas”.
