El proceso de negociación sindical abierto por Liberbank para el recorte de salarios ha terminado sin ningún acuerdo, por lo que, en caso de que se apliquen las medidas de manera unilateral, los representantes de los trabajadores presentarán una demanda ante la Audiencia Nacional, según fuentes sindicales consultadas por Europa Press.
La cuarta y última reunión entre sindicatos y empresa ha concluido sin ningún avance representativo. La parte social ha mantenido sus argumentos de que no hay causa económica que justifique el recorte de salarios, mientras que Liberbank ha retocado su propuesta en materia de planes de pensiones, reduciendo el recorte al 70% de las aportaciones.
Liberbank ha manifestado su intención de trasladar en “los próximos días” las medidas que adoptará, si bien hasta ahora ha argumentado que en caso de no acuerdo aplicaría su propuesta de manera unilateral. En tal caso, los representantes sindicales demandarán a la entidad ante la Audiencia Nacional.
El banco pretende modificar de forma sustancial las condiciones de la plantilla para ahorrarse casi 23 millones de euros anuales. El periodo formal de negociación para alcanzar un acuerdo de empresa se inició el pasado 18 de noviembre, cuando los representantes de los trabajadores recibieron el informe técnico.
Su intención es la de llevar a cabo una reducción salarial de entre el 5% y el 8,75% para los sueldos por encima del convenio y suspender las aportaciones a planes de pensiones durante el periodo 2020-2022, entre otras medidas.
Entre los motivos, la entidad argumenta una disminución persistente de los ingresos ordinarios, utilizando el margen bruto como indicador. Los sindicatos critican que en todos los procesos anteriores se ha utilizado el margen de intereses para este fin, ya que algunas partidas que forman parte del margen bruto han sido calificadas como no recurrentes y extraordinarias, por lo que no representaría los ingresos ordinarios del banco.
Asimismo, Liberbank alude a la evolución de los tipos de interés, la baja rentabilidad o la mala evolución de la acción del banco. Los representantes de los trabajadores argumentan que la cotización es ajena a la situación económica de una empresa y que para justificar la baja rentabilidad se han aportado cifras que no aparecen en los informes o memorias de gestión del banco, ni se pueden deducir de la información contenida en los estados públicos.
