Según explica el DOCM en su edición de este miércoles y recoge Europa Press las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
La suspensión de la tramitación de las convocatorias de subvenciones de la Dirección General de Infancia y Familia de la Consejería de Bienestar Social conlleva graves perjuicios a las entidades y personas beneficiarias y afecta seriamente al mantenimiento de la red pública de hogares, centros y servicios destinados a la atención de la infancia y las familias.
A través de estas entidades colaboradoras se presta el apoyo indispensable y necesario a los niños tutelados por la Administración, en los hogares y centros de protección y se complementan los apoyos a los programas de acogimiento familiar y residencial, así como a la ejecución de medidas judiciales impuestas a personas menores.
Asimismo, se presta la atención e intervención directa y el seguimiento a familias que se encuentran en situaciones complejas de violencia, abuso, conflicto y otras circunstancias graves que en el actual escenario se seguirán produciendo en el seno de las familias de Castilla-La Mancha.
De igual manera, a través de estas subvenciones se atienden los gastos derivados de la atención de niños y niñas en familias acogedoras, así como el apoyo económico para el desarrollo de la vida independiente de jóvenes que estuvieron bajo la tutela de la Administración regional.
Dado que todos estos servicios esenciales se convierten en especialmente necesarios para dar una respuesta adecuada a la situación actual de emergencia sanitaria y social, máxime cuando las entidades subvencionadas asumen la gestión del cien por cien de los recursos de apoyo a muchos de los programas de atención a la infancia y la familia en la comunidad autónoma, procede la continuación de los procedimientos administrativos.
En concreto, los procedimientos a los que se da continuidad son los relativos a las familias acogedoras de la región; las subvenciones para el desarrollo de proyectos destinados a menores afectados por medidas de protección, medidas judiciales o en situación de conflicto social; las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de prevención y atención a la infancia y a las familias; y las ayudas para atender las obligaciones de contenido económico derivadas de las ayudas destinadas al desarrollo de programas de autonomía personal.
