Mientras algunas formaciones con representación parlamentaria se instalan cerrilmente en la negación de la violencia hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, esta aumentó en Castilla-La Mancha hasta las 1.682 mujeres en 2019, según se refleja en las Estadísticas de Violencia Doméstica y Violencia de Género publicada este martes, 19 de mayo, por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Suponen estos innegables datos que en Castilla-La Mancha la violencia ejercida fue de 1,9 por cada 1.000 mujeres de 14 y más años en el año 2019. Durante el confinamiento también sabemos que las mujeres en todo el Estado han pedido ayuda un 61% más que el año pasado por estas fechas y en Castilla-La Mancha se sintieron amenazadas y en peligro encerradas con sus presuntos maltratadores, prueba de ello fue el incremento de las llamadas al 016 y la avalancha de consultas sobre violencia durante abril de 2020.
Necesitamos recursos para lograr un país y una región que garantice el derecho a una vida libre de violencias machistas y asesinatos y para ello son imprescindibles los 6,2 millones en este pacto contra la Violencia de Género que llegarán a Castilla-La Mancha en breve y que están destinados al mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales de atención a las víctimas, a la inserción laboral y a campañas de sensibilización y prevención.
Pero también advertimos desde Izquierda Unida de Castilla-La Mancha que no nos gusta el modelo que impera en nuestra región y que será el que se nutra finalmente de estos recursos económicos, ya que se trata de un modelo que externaliza los servicios que prestan los centros de la Mujer, externaliza los planes de igualdad en los ayuntamientos y externaliza las unidades de igualdad de género en las consejerías, entre otras cosas. Porque con este afán privatizador se pierde la perspectiva integrada al depender de terceros, aunque sea por contrato. Se adelgaza la administración y se pierde el control directo sobre el servicio trasladando la responsabilidad de la ejecución de la política contra la violencia de género en una pléyade de empresas, asociaciones y ONGs de diferente tamaño y naturaleza, que por contrato ejecutan en su pequeña parcela de actuación, en el límite espacio-tiempo que marca el convenio de turno. Debemos referirnos a que en un momento en el que desde la Consejería de Igualdad se asegura que la violencia ha aumentado durante la pandemia y se necesitan abiertos los recursos de acogida extraordinarios, no lo hagan de forma puntual y estos se incorporen de forma permanente a la red pública, ya que una vez externalizada una actividad resulta complicado volver a recuperarla y en esto nos jugamos el seguimiento de las mujeres.
Por último, desde Izquierda Unida de Castilla-La Mancha queremos dar las gracias a todas y todos los profesionales que trabajan de forma integral en la atención y seguimiento de las mujeres y sus hijos no solo en estos momentos de confinamiento, también durante todos los días precedentes y los que seguirán porque son el agente que ayuda a cambiar la realidad de la violencia hacia las mujeres.
