El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves, con los únicos votos a favor del PSOE y la abstención de PP y Vox, una resolución propia en la que se insta al Gobierno castellanomanchego a que inste al Ejecutivo de España a reanudar la actividad de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en esta nueva legislatura para que, “con la mayor celeridad posible”, se reactive el debate y se aprueben las enmiendas sobre medidas legislativas propuestas en el Proyecto de Ley de Medidas Integrales para la protección del Patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas de la región.
Un texto que, como recuerda la resolución socialista, fue registrado por el PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha el 2 de octubre de 2020 y aprobado en las Cortes el 17 de diciembre de 2020, “a fin de fortalecer el catálogo de diligencias y medidas cautelares, disponer el desalojo inmediato del inmueble ocupado”.
La resolución ha sido la única aprobada a consecuencia del debate general sobre garantizar la seguridad de las viviendas frente a la ocupación en Castilla-La Mancha, presentado por el Grupo Parlamentario Vox, ya que tanto la presentada por este grupo como por el PP han sido rechazadas con los votos socialistas.
El diputado de Vox David Moreno ha comenzado su turno de palabra lamentando que los socialistas “consientan” que los vecinos de la región sufran este fenómeno y abogando por aportar “soluciones” ya que los actuales dirigentes no las aportan.
“Ustedes no hacen su trabajo y no priorizan y no ponen soluciones” amparándose en que legislar sobre ocupación “es competencia nacional”, cuando “tienen ocho diputados nacionales en el Congreso”, ha recordado, preguntando al titular de Fomento castellanomanchego, Nacho Hernando, representante del Ejecutivo regional en el debate, “para qué están” y si están “para algo más que apoyar la ley de amnistía”.
Moreno se ha referido en este punto al texto elevado por el Gobierno castellanomanchego en 2022 al Gobierno central que, a su juicio, solo “le sirvió a Page, como siempre, para dar titulares y a usted hoy para poner excusas, pero nada más”, pues es un texto que “no ha tenido recorrido parlamentario en el Congreso”, donde en cambio “sí aprobaron una ley de vivienda nacional que defiende justo lo contrario” y que “está haciendo aumentar el número de ocupaciones, desproteger a propietarios y amparar a los que ocupan ilegalmente”.
El parlamentario ha animado al Gobierno autonómico a “copiar” lo que aprobó Castilla y León para que los ocupas sean desalojados en 48 horas y se creen oficinas de asesoramiento para las personas afectadas, teniendo en cuenta que los datos reflejan que las denuncias por ocupaciones han pasado de 3.849 en 2011 a 17.274 en 2021, lo que supone un incremento del 450 por ciento en diez años, tiempo en el que tanto el Gobierno central como el regional, ha reseñado, ha estado gobernado por el PSOE.
PP: “NO SE HA HECHO NADA”
Por parte del PP, la diputada Itziar Asenjo ha apuntado que la ocupación se ha incrementado “por la permisibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez y el de Castilla-La Mancha de Page”, considerando que en este ámbito “no se ha hecho lo suficiente, no se ha hecho nada”.
Asenjo ha señalado que ocupar una vivienda tanto en España como en Castilla-La Mancha “resulta muy barato” ya sea en el corredor del Henares, en Guadalajara, en Puertollano, Albacete, la Sagra, Torrijos u Ocaña, añadiendo que el plazo medio de desalojo de un ocupa en España es de 20,4 meses.
Se ha referido también al texto enviado por el Gobierno regional al central, que no contó con los votos a favor de su grupo porque había medidas propuestas por el PP al mismo que no se admitieron y consideraban que eran “absolutamente necesarias”, como el desalojo exprés en un máximo de 12 horas, preguntándose por qué no se llevó ese Proyecto de Ley al Congreso.
Ha sido “una ley metida en un cajón porque el PSOE decidió no remitirla a las Cortes”, ha subrayado Asenjo, que ha cuestionado si hoy el responsable de Fomento “ha venido a vendernos la moto”, considerando que ni sus palabras de entonces ni las de hoy sirven “de nada”.
“Sabían perfectamente que era un brindis al sol y solo buscaban un titular de prensa, pero se les está empezando a acabar el cuento”, ha concluido.
PSOE: “LLEGAR A SOLUCIONES”
La diputada del PSOE Marisa Sánchez, que ha criticado las “inexactitudes y medias verdades e infundadas acusaciones de connivencia con quienes actúan de espaldas a la ley” de Vox, ha apuntado que sobre la ocupación ilegal de viviendas se ha debatido hasta en ocho ocasiones en el Parlamento regional.
Sánchez ha recordado que, pese a que el Gobierno de Castilla-La Mancha no dispone de herramientas para hacer frente a esta situación”, sí ha aprobado algunas medidas y ha sido “la única Comunidad Autónoma que ha aprobado un texto de ley”, reprochando a Vox que no haya solicitado “de forma tan vehemente” algo similar a lo que demandan aquí en aquellas comunidades autónomas donde gobiernan.
“Los primeros ocupas en política son ustedes, están ocupando escaños en comunidades autónomas que quieren eliminar”, ha espetado a Vox la socialista, que pese a que considera que esta formación o ha venido “a buscar soluciones y tender la mano al Gobierno” sí ha ofrecido su colaboración para buscarlas y “llegar a ideas, pero desde la realidad real”.
HERNANDO: “C-LM NO HA MIRADO PARA OTRO LADO”
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha iniciado y cerrado el debate, comenzado por un repaso del contenido del texto elevado por el Gobierno regional al central y recordando que la administración autonómica es la única que “no ha mirado para otro lado y que ha querido plantear las cosas de manera propositiva, constructiva, con lealtad hacia otros partidos políticos, con lealtad hacia las demás administraciones”.
Al margen de la resolución del PSOE, la de Vox –rechazada pero apoyada por el PP– solicitaba que se instase desde Castilla-La Mancha al Gobierno central a, entre otras, modificar la Ley Orgánica del Código Penal para endurecer las penas establecidas para el delito de usurpación e impulsar la modificación del artículo 553 del Real Decreto por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal al objeto de dotar de mayores medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para desalojar inmuebles ilegalmente ocupados.
Igualmente, solicitaba al Ejecutivo regional la creación de un registro de datos históricos de zonas afectadas por ocupación, una ventanilla de atención al ciudadano y un canal de comunicación con las víctimas directo o promover el apoyo jurídico a las víctimas de usurpación de viviendas con la elaboración, en su caso, de un convenio con los Colegios de Abogados de Castilla-La Mancha.
El texto del PP, también rechazado y que ha contado con los votos favorables de Vox, pedía instar al Gobierno de España a distintas modificaciones de la Ley del Código Penal y otros reales decretos para permitir desalojos en 48 horas y que estos delitos sean tramitados vía procedimiento de enjuiciamiento rápido, así como establecer beneficios fiscales para las víctimas de un delito de usurpación que dediquen el inmueble a alquiler de vivienda inmediatamente después de su recuperación y rehabilitación.
Al Gobierno regional, el PP lo instaba a hacer un seguimiento pormenorizado de todos los casos que se produzcan, activar a través de los Centros Coordinadores de Servicios Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha toda la cartera de servicios de apoyo económico y social del sistema de servicios sociales que se dispone para situaciones de vulnerabilidad, y contemplar, siempre que fuera compatible con la normativa estatal y comunitaria, los supuestos de rehabilitación de vivienda habitual por ocupación previa.
