La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha cuenta con 1.211 personas en el llamado ‘limbo’ de la dependencia –periodo de tiempo desde que a una persona se le valora con un grado de dependencia hasta que recibe una prestación–, lo que supone una reducción de un 95 por ciento respecto a 2015 cuando había 25.704 personas.
Así lo ha indicado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, en la rueda de prensa que ha ofrecido para valorar el ranking elaborado por el Observatorio de la Dependencia en cuanto a la prestación de este servicio, que sitúa a Castilla-La Mancha y Castilla y León en la cabeza, alcanzando una nota de 8,3 respecto a 10, nota que, según la consejera, viene a respaldar el trabajo hecho por el Gobierno regional en los últimos ocho años.
«En estos ocho años se ha hecho un trabajo muy a conciencia y se han apostado por las políticas sociales de una forma muy rigurosa y muy seria», ha afirmado, para celebrar los datos puesto que no siempre han sido los mismos, ya que hace ocho años la nota para la región era de un 4,5 por lo que ha añadido que las políticas del Ejecutivo regional han permitido «sacar de un cajón» 27.000 expedientes que estaban sin valorar en el 2015.
También ha resaltado la apuesta económica por la que la Comunidad Autónoma destina 250 millones de euros más a dependencia cada año en comparación con ocho años atrás. «También hemos incorporado más de 50.000 nuevas prestaciones al sistema desde el 2015, lo cual es, sin ninguna duda, un avance», ha subrayado.
LOS DATOS AL DETALLE
Concretando, la titular de Bienestar Social ha explicado que en Castilla-La Mancha ya son 72.000 personas las que se atienden diariamente en gestión de la dependencia y que durante el 2023 se han incorporado 5.019, lo que supone un incremento de un 7,45 por ciento.
Respecto a las prestaciones, la región ha superado las 97.000 por lo que García Torijano ha indicado que supone estar en el camino de alcanzar, e incluso superar, las 100.000 tal y como se comprometió el presidente regional, Emiliano García-Page. «Nos vemos con fuerza y capacidad para poder hacerlo».
Datos, ha agregado la titular de la Consejería de Bienestar Social, que suponen 11.597 nuevas prestaciones incorporadas a lo largo del 2023 y que apuntan a la incorporación de 1.000 prestaciones al mes durante todo el pasado año.
Respecto al empleo, la región contaba el pasado año con un total de 26.000 empleados en este sector, lo que supone un 4,26 por ciento más que el año 2022, habiéndose producido un incremento de un siete por ciento en la contratación indefinida, por lo que tres de cada cuatro empleados tienen un carácter indefinido.
En cuanto a las personas cuidadoras no profesionales, la consejera ha resaltado también los «buenos datos», destacando que en Castilla-La Mancha están dadas de alta en la Seguridad Social 2.843 en este sentido, lo que supone un incremento de un 13 por ciento y 326 cuidadoras más.
TIEMPOS MEDIOS
En los tiempos medios de tramitación de dependencia, la región está también en una línea de crecimiento ya que están en 191 días, «muy por debajo de la media nacional» de 324 días. «Esto supone que en Castilla-La Mancha tardamos cuatro meses y medio menos en atender la dependencia que a nivel nacional», ha añadido la consejera.
El informe del observatorio también sitúa a la Comunidad Autónoma en la cuarta posición en cuanto a los servicios de proximidad para que las personas puedan seguir viviendo en su hogar, tales como la teleasistencia o el servicio de ayuda a domicilio. «Estamos haciendo un esfuerzo importante por adaptarlo a las nuevas necesidades e incorporar la tecnología digital en estos recursos».
Finalmente, ha aludido la consejera a los datos de la propia Consejería que señalan que, junto con las cinco delegaciones provinciales, se han tramitado 25.911 solicitudes, se han realizado un total de 27.688 valoraciones y se han efectuado 33.459 resoluciones del Plan Individual de Atención.
También ha destacado que se han realizado 1.531 traslados de expedientes de los que 1.000 son de otras comunidades a Castilla-La Mancha, «lo cual significa que la gente confía en la gestión en materia de dependencia que se hace en esta Comunidad Autónoma», ha sostenido.
CONCENTRACIONES POR EL CONVENIO COLECTIVO
A preguntas de los medios sobre las concentraciones convocadas por CCOO por el bloqueo del convenio colectivo del sector de atención a la discapacidad, García Torijano ha indicado que su departamento está «muy encima» y «muy pendiente», a lo que ha añadido que trabaja «de forma muy estrecha» con todo el colectivo de la discapacidad.
«Son varias las reivindicaciones que hacen y las hacemos todos, porque también las solicitamos de parte del Gobierno regional al Gobierno estatal», ha dicho, para agregar que el Ejecutivo regional no entra en las negociaciones que tienen que ver con el convenio colectivo.
Sobre el presupuesto que va a recibir la Junta de parte del Gobierno central para la dependencia en 2024, la consejera ha indicado que es «complicado» saber en qué términos se va a aprobar esa cifra para este año, aunque ha agregado que en 2023 la región tuvo un 30 por ciento por parte del Estado en corresponsabilidad en materia de dependencia.
No obstante, ha señalado que reclamará su incremento tal y como ya le ha trasladado al ministro del ramo, Pablo Bustinduy, al que le dijo que «hace falta» que el Gobierno de España participe con hasta un 50 por ciento en la cofinanciación de la dependencia con las comunidades autónomas.
Con todo, la consejera de Bienestar Social ha cifrado la deuda que el Estado mantiene con la Comunidad Autónoma, que viene significada por años en donde no se ha estado atendiendo la dependencia, en una cantidad superior a los 800 millones de euros.
