La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama al Gobierno regional que ponga fin a las penalizaciones retributivas por Incapacidad Temporal (IT) de los empleados públicos de Castilla-La Mancha, que sufren un descuento en su nómina del cincuenta por ciento durante los tres primeros días de baja por contingencia común y del veinticinco por ciento entre el cuarto y vigésimo día de baja (la
penalización concluye a partir del vigésimo primer día).
CSIF resaltó en un comunicado que firmó en marzo de 2018 el II Acuerdo de Mejora del Empleo Público que eliminaba la obligación de descuento por IT, como marcaban los decretos de recortes de 2012, y restablecía un complemento retributivo que alcanza hasta el cien por cien del salario. Este logro, que también contemplaba el regreso de la jornada de 35 horas y subidas salariales hasta superar el ocho por ciento acumulado en 2020, se aplicaba a los empleados públicos de la Administración General del Estado y obligaba a su cumplimiento a las comunidades autónomas.
Así, en Castilla-La Mancha se ha regresado a la jornada laboral de 35 horas y se aplicaron las subidas retributivas del 1,75 por ciento en 2018 y del 2,25 por ciento en el presente año, pero continúan las penalizaciones por baja médica, mientras que Castilla y León, Asturias y Andalucía, entre otras comunidades, ya han acabado con esta injusticia.
‘Ley Cospedal’
En este sentido, CSIF subraya la importancia de derogar en Castilla-La Mancha la Ley 1/2012, más conocida como ‘Ley Cospedal’, que registra este recorte: el Gobierno regional argumentó la merma de las IT para evitar el absentismo, “un insulto para la profesionalidad de los empleados públicos, cuando realmente la medida suponía un ahorro para las arcas autonómicas”, indicó la central sindical.
Con todo, CSIF pregunta a la Administración regional que “a qué espera para poner fin a esta injusticia, un recorte que se ha perpetuado en el tiempo”, y reclama que deje de ‘trocear’ la Ley Cospedal para aplicar su derogación definitiva, ya que otros derechos como la carrera profesional en el Sescam o el número de alumnos por aula siguen vigentes.
