El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reivindicado en La Rioja las políticas que se han venido diseñando y desarrollando en la Comunidad Autónoma para hacer frente a la despoblación y que sitúan en el centro, exponen en nota de prensa, “la garantía del acceso a los servicios públicos”.
Ha sido el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, quien ha asistido a la jornada ‘La Ruralidad de las oportunidades; Pueblos con futuro’, celebrada en Torrecilla en Cameros, La Rioja y organizada por la Diócesis de Calahorra, donde ha participado en la ponencia ‘Las políticas, la administración pública y las leyes al servicio de la nueva ruralidad’, una cita en la que Jesús Alique ha expuesto las medidas que han desarrollado en Castilla-La Macha desde la entrada en vigor de la Ley contra la Despoblación.
Una norma, pionera a nivel nacional y que se ha convertido en referente a nivel europeo, que ha supuesto “un antes y un después en la lucha contra la despoblación”. Con ella, ha explicado Alique, “se blindan los servicios públicos en el medio rural para que los habitantes de las zonas afectadas por la despoblación –en riesgo, en intensa y en extrema despoblación– puedan acceder a ellos en igualdad de condiciones que aquellos que viven en las ciudades o municipios de mayor tamaño”.
Ejemplo de esto, ha dicho, son los 250 pequeños municipios de la región que este curso académico cuentan con escuela rural y de los que 75 tienen entre cuatro u once alumnos; o los más de un centenar de centros de salud y más de 800 consultorios locales que, a día de hoy, “atienden las necesidades sanitarias de los vecinos de estas zonas; a lo que se suma la puesta en marcha del Transporte Sensible a la Demanda para cohesionar los municipios entre sí y acercar, todo lo posible, los servicios a la ciudadanía.”
A ello se suma la puesta en marcha de una fiscalidad diferenciada para aquellos que residen en los municipios afectados por la despoblación y las políticas de discriminación positiva para fomentar el emprendimiento en estas zonas. Todo esto, ha afirmado, hace que estemos creando “las condiciones idóneas para que, cada vez más personas elijan vivir en los pueblos”.
En este sentido, ha recordado que, desde que entró en vigor la Ley en el año 2021, un total de 11.368 personas han elegido las zonas de extrema, intensa y en riesgo de despoblación para vivir, lo que demuestra, ha dicho, “que estamos dando los pasos correctos en la lucha contra la despoblación en Castilla-La Mancha”.
5,3 millones de euros al día para hacer frente a la despoblación
Por otro lado, el comisionado del Reto Demográfico ha detallado que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha destina, a lo largo de este año, un total de 5,3 millones de euros al día para hacer frente al fenómeno de la despoblación recogidos en los Presupuestos regionales para el 2024 donde se han incluido, por segundo año consecutivo, la memoria de impacto demográfico.
Son un total de 1.922 millones de euros donde se aúnan todas las partidas del presupuesto destinadas a frenar la pérdida demográfica poniendo de manifiesto el compromiso firme del Gobierno regional con el desarrollo integral del medio rural en la región y la garantía de acceso a los servicios públicos de toda la población con independencia del lugar de residencia.
En este punto, Alique ha subrayado que esos 1.922 millones suponen casi el 25 por ciento, la cuarta parte, del techo de gasto del Presupuesto de Castilla-La Mancha para el actual ejercicio y se traduce, además, en el 3,81 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Autónoma.
En esta jornada también han asistido el alcalde de la localidad, Sergio Martínez Astola, y el obispo de la diócesis de Calahorra y la Calzada-Logroño, Santos Montoya Torres.
