Los tribunales del proceso de oposición a profesorado de Secundaria y Formación Profesional que está en marcha en este momento son soberanos a la hora de determinar los criterios de evaluación y calificación de los opositores y la Administración Educativa sólo interviene garantizando la organización del proceso, según ha informado en un comunicado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes quiere dejar claro que el sistema de oposición se rige por la norma estatal y en modo alguno las distintas comunidades autónomas tienen responsabilidad en el resultado de las pruebas ni intervienen en el desarrollo de las oposiciones, excepto si ocurre algo que vulnera la propia convocatoria.
En cuanto a la organización de los tribunales y el número de opositores por sede, desde la Consejería se quiere aclarar que se ha reducido el número de opositores por tribunal con respecto a lo fijado en la pasada legislatura de 160 a 100 personas.
30% de no presentados
A esto se añade que en muchos de los tribunales de oposición convocados el pasado 23 de junio, el porcentaje de no presentados fue de más del 30 por ciento, con lo que el número de opositores descendió notablemente de los 100 fijados, por lo que en ningún caso puede achacarse las bajas calificaciones que en algunos casos se han producido a la escasez de tribunales o al elevado número de opositores en cada uno de ellos.
Además, en ningún momento la Administración ante esta notable reducción del porcentaje de presentados se ha planteado ni reducir el número de opositores ni los días para la corrección de las pruebas.
La Consejería quiere recordar, que ajustándose siempre a las fechas marcadas en la normativa nacional que regula la convocatoria, ha concedido el máximo tiempo posible para cada una de las fases que el calendario permite, facilitando así la celebración y corrección de las pruebas.
Finalmente, lamenta que haya opositores que habiendo preparado las pruebas convenientemente no hayan visto sus expectativas cumplidas y reitera que los tribunales son soberanos en la evaluación y calificación.
