Alrededor de 120.000 productores de Castilla-La Mancha (más de 30.000 de la provincia de Ciudad Real) pueden tramitar desde este 1 de febrero la solicitud única de ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) para el año 2021.
El importe total de estas ayudas a nivel nacional asciende a 4.860 millones de euros –más de 500 millones para la región-, que se abonarán en forma de anticipos a partir del 16 de octubre y el posterior saldo desde el 1 de diciembre.
Se trata de la nueva campaña, abierta hasta el 30 de abril, protagonizada, según recogen las normativas comunitaria y nacional, por el recorte de casi el 2% en el volumen financiero y la aplicación del mecanismo de convergencia interna.
Este último es el más novedoso y el elemento que corregirá las diferencias entre el valor de los cálculos de los ingresos que reciben de manera más abultada algunos titulares agropecuarios respecto a otros de la misma región agrícola (se han descrito 50, al margen de las autonomías).
La convergencia del pago básico, apoyada por la Junta, para equilibrar que «el 20% de los perceptores de la PAC perciban el 80% del importe», se aplicará en este primer año de transición hasta la entrada en vigor de la nueva reforma en enero de 2023.
Es un objetivo también respaldado por las organizaciones agrarias de la comunidad castellano-manchega, que este lunes han coincidido en valorar a favor una distribución más justa y que cualquier agricultor cobre lo mismo por hectárea, independientemente de dónde viva.
COAG: No es negativo para Castilla-La Mancha
Ángel Galve, secretario autonómico de COAG, ha celebrado “los movimientos” introducidos en la PAC, para “recortar los derechos más altos y compensar los más bajos”. La corrección de esta desigualdad, explica este portavoz, es favorable al sector y responde “a las peticiones” para que “no hubiera tantas regiones y diferencias”
“No es negativo para Castilla-La Mancha”, ha comentado, pues al tener tanta dimensión “no será tan grande el perjuicio” entre quienes van a perder renta en valores mínimos.
Respecto a las solicitudes, ha recordado, potenciarán la vía telemática, teniendo en cuenta las restricciones de movilidad existentes para hacer frente a la Covid-19.
A este respecto, es muy relevante, ha indicado, realizar una correcta cumplimentación de la solicitud y presentarla dentro del plazo establecido. Así se evitarán posibles penalizaciones o, incluso, la no percepción de las ayudas.
UPA: hay que adaptarse
En la misma línea, Julián Morcillo, su homólogo en UPA, ha instado a todo el sector a “adaptarse” a este concepto para que el valor de todos los derechos de cada región vaya convergiendo hacia el promedio regional.
“A efectos generales, ha declarado a CMMedia, debe ser positiva” porque “no es lógico que unos cobren más que otros” en regiones con los mismos sistemas de producción y rendimientos similares.
Según Morcillo, “hay que alcanzar la media de la zona”, en función del resultado salido de la asignación individual y el valor de los derechos de cada agricultor.
La confluencia es, en su opinión, paulatina y mínima, ya que se trata “de confluir una cuarta parte de la diferencia entre los valores más altos y más bajos de los derechos en cada región”.
Con todo, ha mostrado su preocupación por “las situaciones particulares” de algunos productores, especialmente de los ganaderos con explotaciones pequeñas, cuyas ayudas se desacoplaron y se calcularon en base a las hectáreas con un valor unitario alto. “Cuando ahora se aplique la convergencia se les va retraer dinero” y va a perjudicar a la ganadería extensiva.
Por ello, como solución apela a la posibilidad de derivar fondos de los ecoesquemas (prácticas agrícolas que son beneficiosas para el clima y el medio ambiente) o del desarrollo rural en la nueva reforma de la política agraria europea. “Es la actividad más sacrificada y más necesitada de ayuda”.
Asaja: Convergencia “acelerada”
Más negativos, el secretario general técnico de ASAJA CLM, Arturo Serrano, ha visto “acelerada” la aplicación del mecanismo de confluencia, pues causará, tal y como ha aclarado, “casos sangrantes con pérdidas de renta de hasta el 20%”, mientras que las ganancias de quienes tienen menos derechos oscilarán entre el 4 y el 5%.
“Lo que hay que abordar es la convergencia entre las comunidades”, ha dicho, para disipar diferencias en sectores como el oleícola entre las regiones más productoras como son Andalucía y Castilla-La Mancha.
Serrano también se ha mostrado totalmente en contra de la bajada lineal del 2% en el importe de las ayudas directas. “Es una puñalada por la espalda al sector”, ha sostenido, ya que “dijeron que los presupuestos no se iban a tocar”.
A este recorte se sumará otro del mismo porcentaje la próxima campaña, que, en opinión del técnico de Asaja, pone de manifiesto “el desprecio” de las administraciones nacional y europea a las organizaciones agrarias y las cooperativas. A su juicio, han hecho caso omiso de las alegaciones que presentaron en contra de los descensos de unas ayudas que representan el 30 por ciento de la renta de agricultores y ganaderos.
”Apostamos por una PAC dirigida a profesionales que crean puestos de trabajo”, ha defendido, a la vez que ha protestado por “este nuevo palo, inamisible en el año de pandemia que vivimos, en el que no están dando ayudas al campo”.
Sobre la tramitación, Serrano ha señalado que los técnicos de la organización están preparados en su red de oficinas para gestionar las solicitudes dentro del periodo establecido. Así, espera que los productores presenten la documentación de “forma escalonada”.
