Los ganaderos productores de leche de oveja y de cabra sin denominación de origen en Castilla-La Mancha se enfrentan a un panorama complejo que se ha visto empeorado por la bajada de precio en la compra de la leche ovina y caprina.
Esta situación, ya fue denunciada en su momento por UPA Castilla-La Mancha, desde donde plantearon a la industria que no podía “utilizar las idas y venidas del mercado”.
A este respecto, la secretaria de Organización de UPA Castilla-La Mancha, Elisa Fernández, quien indica que la situación es “complicada”, recuerda que los contratos para el primer trimestre de 2024, comparándolos con el último trimestre de 2023, contemplan de media una bajada de un 10% para el precio de la leche de cabra y un descenso del 15% para la leche de oveja, ambas sin DO. Por este motivo, desde la citada organización agraria no entienden “esta bajada significativa en los precios”, en primer lugar porque “estamos viendo que se produce menos leche de cabra que hace unos años, a lo que hay que sumar el problema ocasionado por la viruela ovina y caprina que ha provocado que se hayan tenido que sacrificar muchos animales en Castilla-La Mancha”.
Para Fernández “si hay menos leche, no tiene mucho sentido que el precio vaya a la baja” a lo que añade que 2023 ha sido también un año muy complicado para los ganaderos de la región puesto que la sequía ha provocado que “no haya habido pasto en el campo, con el consiguiente aumento de los costes de producción, que se han disparado al tener que comprar comida para darle de comer a los animales”.
Frente a esta situación, critica el hecho de que a pesar de la bajada en el precio de venta que experimentan los productores de leche, “los consumidores seguimos pagando lo mismo”, lo que, desde su punto de vista demuestra que “la ley de la cadena alimentaria sigue sin cumplirse”. Por este motivo opina que “con el dinero que pagamos los consumidores en el mercado por los productos, habría dinero más que suficiente para hacer un reparto equitativo a lo largo de la cadena y que cada eslabón de la misma pueda recibir un precio justo rentable por encima de lo que le cuesta producir”.
Llegado a este punto, la secretaria de organización de UPA Castilla-La Mancha indica que si los agricultores y ganaderos no tuviesen las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), “este sector no sería rentable y los agricultores y ganaderos no existirían”.
También hace referencia a los contratos de los productores de leche, señalando que “la industria tiene que entregar el contrato con el suficiente tiempo de antelación para que se pueda negociar el precio”, una situación en la que “todavía hay sectores donde eso no sucede, como pasa en el sector del ovino y caprino de leche sin denominación de origen”. En este sentido critica que algunos ganaderos les han comentado que “los contratos siempre han llegado con retraso, por lo que no han tenido tiempo de poder negociar nada, entre otras cuestiones porque el precio lo ha puesto la industria y a los ganaderos se les ha dicho el precio establecido, teniendo poco margen de negociación”.
Importancia del relevo generacional
El relevo generacional en el campo dentro de Castilla-La Mancha juega un importante papel, pues muchos agricultores y ganaderos van cumpliendo años y tienen que dejar paso a sabia nueva para que sigan dedicándose a la agricultura y la ganadería.
Para Elisa Fernández el relevo generacional resulta “fundamental”, señalando que dentro de la nueva normativa de ayudas que se está tramitando en la actualidad “existe una prioridad para los jóvenes, hombres y mujeres, que quieran incorporarse a la ganadería”, si bien considera que situaciones como la bajada de precio en la compra de leche caprina y ovina “puede hacer que mucha gente no decida dar el paso al comprobar la baja rentabilidad en su producto”, motivo por el cual opina que “las industrias tienen que ser sensibles a la situación que atraviesan los productores, debiendo ser todo proporcional y equitativo”.
Pese a todo ello, considera que el relevo generacional en el conjunto de la región pasa por un buen momento, al resaltar que durante la última legislatura “se han incorporado 4.000 jóvenes a la agricultura y ganadería, siendo la tercera parte mujeres”, si bien aclara que “en el 90 o 95% de los casos, los jóvenes se incorporan al campo porque tienen una explotación en su casa que le ha sido trasferida” y señala que empezar de cero, a pesar de las ayudas que se conceden, es muy complicado. Por este motivo sostiene que lo que hay que hacer es “cumplir con la ley de la cadena” y que “las explotaciones sean rentables” con el fin de que “perduren a largo plazo para que la gente que así lo quiera, pueda mantenerse y vivir de su negocio”.
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