“Vamos a apoyar que pueda haber exhumaciones y sin duda que se pueda dar un enterramiento digno a estos cuerpos y lo hacemos siempre desde la pluralidad para todos aquellos que fueron asesinados durante la Guerra Civil y durante la dictadura posterior, pero con independencia del bando al que pertenecieran”, ha enfatizado.
Caballero, que ha presidido este jueves la primera reunión de la legislatura del Consejo Asesor de la Memoria Democrática de Castilla-La Mancha, ha insistido en que sería “positivo”, si es que se produce la situación, apoyar el que se intervenga con exhumaciones en fosas de un bando y del otro bando, porque “ahora no se trata de bandos, se trata de la memoria democrática de todos los que sufrieron persecución durante la Guerra Civil y durante la dictadura posterior”.
En este contexto, el vicepresidente segundo ha dejado claro que el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha es abordar todo lo que tiene que ver con la memoria democrática “desde una perspectiva de derechos humanos y de no repetición”, buscando “el consenso de toda la sociedad, de sus instituciones y de sus partidos políticos y por supuesto desde la pluralidad escuchando todas las opiniones y las distintas sensibilidades”.
“Somos muy conscientes y es una realidad en toda Europa que desde finales del siglo XX, una vez pasados todos los conflictos que asolaron el territorio europeo, tenemos un fuerte interés por parte de las administraciones y de la ciudadanía de tener un recuerdo y un reconocimiento de la memoria democrática sobre todo para evitar que se vuelvan a producir los hechos tan lamentables que dieron lugar a estas situaciones”, ha continuado.
Además, ha hecho hincapié en que “se trata de reconocer la lucha de personas que individualmente o de manera colectiva sufrieron porque hoy podamos disfrutar de derechos y libertades públicas”.
Ha aprovechado estas palabras para recordar que el Gobierno de Castilla-La Mancha prepara “una gran exposición” sobre la Transición en Castilla-La Mancha con ocasión del 50 aniversario del inicio de esa época que se produce en torno al año 2026, con el objetivo de conocer cómo se vivió la dictadura, la transición y la conformación de la autonomía en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
“SIN SECTARISMOS Y DESDE UN ÁMBITO CIENTÍFICO”
Dicho esto, ha incidido en que todo el trabajo en materia de memoria democrática en Castilla-La Mancha, “y esta es la voluntad y el interés del Gobierno”, es hacerlo “sin sectarismo y desde un ámbito científico”. Por eso, ha manifestado, toda la actividad que se desarrolla por parte del gobierno se hace a través de la Universidad de Castilla-La Mancha y se incorporará “alguna universidad más”.
Asimismo, Caballero se ha mostrado consciente de que en ocasiones este tema “puede originar alguna polémica de carácter político” y eso –ha remarcado– “es lo que pretendemos evitar”. “Somos muy conscientes de que el bien no hace ruido y el ruido no hace bien, por eso lo que queremos es que haya pluralidad y consenso”.
Hasta la fecha y desde que es el responsable de estas políticas ha reconocido que el comportamiento de los grupos parlamentarios “es de respeto absoluto” a las iniciativas del Gobierno regional. “Buscamos que haya consenso, que haya pluralidad y desde luego no asumimos la memoria democrática como una manera de ir contra los otros, de ir contra los demás, sino que lo más importante es que haya un reconocimiento conjunto de los hechos que tenemos que intentar que no se vuelvan a producir y sin duda del compromiso democrático y constitucional de toda la ciudadanía”, ha resaltado Caballero.
Todos los recursos de los que dispone el Gobierno de Castilla-La Mancha corresponden al Gobierno de España, en concreto a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. La región, según ha explicado Caballero, tiene asignada una cantidad que asciende a 305.000 euros.
FORO POR LA MEMORIA DE GUADALAJARA
Preguntado por el hecho de que la asociación Foro por la Memoria de Guadalajara haya solicitado al Gobierno regional que declare la anulación de las sentencias represivas franquistas en los expedientes judiciales, Caballero ha respondido que es un tema que hay que estudiar porque “no está claro desde el punto de vista legal” a quién corresponde la anulación de determinadas decisiones administrativas políticas tomadas durante el régimen franquista porque, según ha explicado, “la propia comunidad autónoma no existía en ese momento”.
