Tal y como ha informado Sánchez al Consejo de Gobierno, con esta norma se pretenden cuatro objetivos fundamentales: definir el Tercer Sector Social en Castilla-La Mancha, impulsar la cooperación y la colaboración de las entidades sociales entre sí y también con relación al sector público, crear una comisión para el diálogo civil y regular el desarrollo de una estrategia de promoción del Tercer Sector Social en Castilla-La Mancha.
Es una Ley “sencilla y concreta”, ha destacado la consejera, que consta de cuatro capítulos, 13 artículos y contiene cinco disposiciones adicionales y tres disposiciones finales, según ha informado la Junta en nota de prensa.
Tal y como ha señalado Sánchez, en este anteproyecto de ley se identifica el Tercer Sector Social como el conjunto de entidades de carácter privado surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades que responden a criterios de solidaridad y participación social, con fines de interés general y sin ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos civiles, económicos, sociales o culturales, especialmente para personas o grupos que se encuentran condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social.
La norma establece que en la consejería competente en materia de Servicios Sociales se va a crear un inventario “en el que se definirá cuáles son las entidades que están dentro del Tercer Sector Social en Castilla-La Mancha”.
MAPA DEL TERCER SECTOR
La titular de Bienestar Social ha informado también al Consejo de Gobierno del mapa del Tercer Sector en la región según un estudio realizado el pasado mes de noviembre por EAPN, del que se desprende que el número de entidades está en una horquilla entre 3.500 y 5.000, ya que “hay unas 5.000 entidades registradas, de las que unas 3.500 están activas”, que cuentan con más de 6.000 personas contratadas, y el 81 por ciento de estas entidades cuentan con personal voluntario y atienden a más de 385.000 personas en la región.
Además, con esta norma se pretende contribuir a que la Administración regional sea más abierta y participativa con la sociedad civil, en todas las áreas en las que está presente el Tercer Sector Social, como son las áreas de servicios sociales, dependencia, sociosanitaria, socioeducativa, sociolaboral, desarrollo rural, cooperación internacional, entre otros.
Tal y como establece el Anteproyecto de ley, se procederá a crear una Comisión para el Diálogo Civil en la que estarán representadas la Administración autonómica y la Mesa del Tercer Sector Social para impulsar un foro de diálogo, colaboración y cooperación permanente, para coordinar todas las acciones y derechos sociales “que hay que impulsar en nuestra región, y como novedad, a diferencia de otras leyes existentes, en nuestra región esta ley será paritaria, es decir, tendrá un representación igualitaria de hombres y mujeres”.
Con esta futura norma, se crea también una Estrategia de Promoción del Tercer Sector Social, con una vigencia de cuatro años, que “garantizará la participación de las entidades del Tercer Sector para que puedan continuar gestionando proyectos, fundamentalmente con los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad”.
Por último, la consejera ha señalado que una vez que el Consejo de Gobierno ha tomado en conocimiento esta ley, pasará al Consejo Consultivo “para que un futuro pueda volver al Consejo de Gobierno y se pueda presentar en las Cortes de Castilla-La Mancha”.
