Los sindicatos UGT, CCOO, CISF, STAS y FSES han presentado esta mañana en las Cortes de CLM un escrito dirigido al Grupo Parlamentario Socialista para que retire la enmienda de consolidación de altos cargos de la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de CLM que acompaña a los presupuestos regionales. Los sindicatos instan además al Gobierno regional a convocar la Mesa General de Negociación de la Función Pública y han anunciado movilizaciones para el próximo miércoles 18 de diciembre en varios puntos de CLM.
Luis Manuel Monforte, secretario del sector autonómico de FeSP UGT CLM, ha calificado de “vergüenza” este intento de consolidar el nivel más alto del grupo profesional a los funcionarios que alguna vez hayan sido designados como altos cargos mientras hay una falta grave de personal en sanidad, educación y sector autonómico. Los sindicatos detallan además que la enmienda carece de toda “justificación y de un estudio que valore su impacto económico”, además de ser “injusta con el resto del personal e insolidaria con los ciudadanos de CLM”, por lo que instan también al Gobierno regional a ser transparente informando cual sería el coste de la medida.
“No entendemos cómo mientras alegan la falta de fondos para recuperar lo perdido en el sector público con Cospedal si los tengan para subir niveles a todo el personal de servicios especiales solo por haber tenido un alto cargo en la administración regional, con el elevado gasto en personal que esto va a suponer”, ha declarado Monforte.
De no retirarse la enmienda y no acceder a la negociación en la Mesa General, esta se haría efectiva con la entrada en vigor de los presupuestos regionales y se verá beneficiado cualquier funcionario que haya desempeñado un alto cargo desde 2007.
Los sindicatos han denunciado que desde la mayoría absoluta, el Gobierno ha aprobado varias medidas para aumentar la cúpula política con cargo a los presupuestos de la región. En concreto señalan la aprobación del Estatuto de la Dirección Pública Profesional de CLM (recurrido en los tribunales), donde se abrió la puerta a la contratación arbitraria de directivos para desempeñar tareas que corresponden a funcionarios; y la aprobación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo, que aumenta casi 5 millones y medio los gastos de personal en altos cargos.
