Así se ha referido García Molina, en declaraciones a los medios, tras una reunión con representantes de Geacam, donde ha señalado que estos están en una “especie de limbo”, por lo que en algunos momentos tienen obligaciones como cualquier trabajador público pero “no tienen los mismos derechos”, por lo que se produce una situación “casi incomprensible” de interinidad “casi permanente”.
Por ello, el secretario general de Podemos en la región ha indicado que existe la “necesidad” de que las funciones y competencias de los trabajadores se gestionen directamente desde la Administración pública, ya que se trata “de un servicio público” y los trabajadores “tienen que estar bajo el amparo y con las condiciones de cualquier otro trabajador público”.
García Molina ha indicado que hay que profesionalizar “en un sentido amplio” los trabajos y los servicios que prestan los profesionales de prevención y extinción de incendios, con unas condiciones laborales “dignas”, así como una coordinación de los servicios con otros cuerpos profesionales. En este sentido ha aseverado que Castilla-La Mancha “necesita” una Ley de Coordinación de los Cuerpos que indique las funciones que tiene que realizar cada uno.
El también vicepresidente segundo del Gobierno regional ha dicho que habría que señalar cual sería la Consejería que tendría que asumir estas competencias o si se podría llegar a un modelo en el que distintas funciones fueran asumidas por distintas consejerías. Así, ha puesto como ejemplo a otras comunidades autónomas en las que este cuerpo depende de la Consejería de Presidencia, pero ha señalado que pueden pertenecer a otras como Hacienda y Administraciones Públicas o Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Con “garantías”
Así, ha abogado por que este traspaso se haga con “todas las garantías” para los profesionales y esa “interinidad y poca definición de funciones” se haga “claramente” y se dicte de una forma normativa, ya que, a su juicio, la administración pública funciona “mejor” que las encomiendas a otras empresas.
García Molina ha incidido en que Geacam se presenta como una empresa pública a la que la Junta de Comunidades le hace “encargos” y es en este punto donde “se genera indefinición”, ya que para algunas cuestiones son empleados públicos de pleno derecho y en otras ocasiones se rigen por los convenios de la empresa.
Por su parte, la representante del Sindicato Independiente de Bomberos Forestales, Clara Isabel Martínez, ha demandado que los profesionales de prevención y extinción de incendios pasen a ser personal dependiente de la Administración regional, sin que haya una empresa intermediaria.
En este sentido, ha aseverado que los cerca de 3.000 trabajadores se sienten “fuera de lugar”, ya que unas veces son personal propio perteneciente al dispositivo de prevención y extinción de incendios y en otras ocasiones se les engloba como trabajadores de Geacam.
