Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal asentada en Murcia que explotaba a trabajadores originarios de Bangladesh. La operación se ha saldado con la detención de 14 personas, de edades comprendidas entre los 20 y 47 años, como supuestos autores de los delitos de favorecimiento a la inmigración ilegal, contra los derechos de los trabajadores, pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, usurpación del estado civil y defraudación del fluido eléctrico, según fuentes del Cuerpo Nacional de Policía.
Los agentes especializados de la Policía Nacional han desarrollado una investigación en estas fechas que les permitió conocer la existencia de la existencia de este entramado ilícito, principalmente asentado en la Región de Murcia y que se ampliaba hasta algunos pueblos de Albacete, donde se captaba a personas procedentes del sur de Asia, concretamente de Bangladesh, para trabajar en locales de kebabs situados en Cieza, Abarán, Molina de Segura, Jumilla y Hellín (Albacete).
Las condiciones de trabajo eran inhumanas. Los trabajadores estaban sometidos a largas jornadas de trabajo durante los siete días de la semana por un sueldo bajo y, en muchos de los casos, vivían en cuartos cerrados de espacio muy reducido, sin luz natural y sin ningún tipo de ventilación. Estos habitáculos se encontraban en las propias fábricas.
Coordinación entre las instituciones y Policía Nacional contra la explotación laboral y el fraude
Estos indicios motivaron una actuación conjunta con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia en virtud del convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior sobre coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
Los agentes de la Policía Nacional comprobaron que la mayoría de los trabajadores se encontraban en situación irregular en España y que utilizaban la documentación de otras personas con el consentimiento de estas y que tenían los permisos de residencia para suplantarlos ante una posible inspección, cotizando de esa manera jornadas laborables sin desempeñar las mismas. Esto les habilitaba para acceder a ayudas y subvenciones.
En el desarrollo de la operación, que contó con la colaboración de la Policía Local de Cieza, fue necesaria la presencia de operarios de la empresa suministradora de energía, ya que dos de los locales situados en Cieza tenían conexiones ilegales a la red eléctrica produciendo una fraude energético que ascendía entre ambos a casi 8.500 euros.
