El PSOE de Castilla-La Mancha ha calificado la sentencia fallada este pasado martes por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la que decidía que los clientes son quienes deben asumir el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados –impuesto sobre hipotecas– como “la peor de las noticias”, mientras que desde el PP regional no han entrado a valorar este fallo.
Ambos partidos han coincidido además, en sendas ruedas de prensa, en criticar la “inseguridad jurídica” que han provocado las distintas deliberaciones de la sala.
El diputado socialista en las Cortes Fernando Mora ha vaticinado que el Gobierno realizará una “propuesta contundente” para modificar la legislación a este respecto de manera que “beneficie a la ciudadanía y no a los bancos”.
“Por tanto, estaríamos ante una buena noticia tras la peor de las noticias que se dio ayer a quienes tienen cuestiones relacionadas con las hipotecas”, ha apuntado.
Mora ha asegurado que su partido no pretende “juzgar a ninguna institución”, en relación al Tribunal Supremo, pero ha recordado que “quienes dirigen estas instituciones tienen que ser absolutamente responsables para no ponerlas en entredicho ante la ciudadanía”.
“La sentencia y la revocación ha generado una inseguridad jurídica y es bueno que haya seguridad, la merecen los ciudadanos”, ha apostillado.
PP TAMBIÉN LAMENTA LA “INSEGURIDAD JURÍDICA”
De su lado, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Carlos Velázquez, ha puesto de manifiesto también la “inseguridad jurídica” provocada por la deliberación del Tribunal Supremo sobre este impuesto, aunque no ha entrado en valorar la sentencia.
Velázquez ha manifestado que, tras el fallo del alto tribunal, “ahora ya hay una sentencia, una instrucción clara de quién tiene que pagar ese impuesto de actos jurídicos documentados”.
Además, con respecto a la posibilidad de cambiar las leyes que regulan este impuesto, ha recordado que “esta es una ley nacional” y ha reiterado que “son los políticos y las cámaras las que tienen que regular estas situaciones”.
En este sentido, también ha apuntado que la norma que regula el impuesto sobre las hipotecas “se aprobó en 1995, con un gobierno socialista, y se desarrolló con un decreto del gobierno de Zapatero”.
