La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha solicita la colaboración ciudadana para poder luchar contra “los graves problemas de electrocución de avifauna que sufre la región”.
El colectivo recomienda que ante cualquier sospecha de mortandad de un animal, se dé aviso inmediato a los agentes medioambientales de su localidad o solicitar su presencia a través del teléfono 112.
Siete águilas solo en Toledo
A lo largo del último mes -contando el periodo navideño- solamente en la provincia de Toledo se recogieron un águila real, tres águilas imperiales, otras tres águilas perdiceras, y otras aves como milano real y azor, cuyos cadáveres fueron levantados por protocolo de electrocución, para determinar su causa y desestimar otras como pudiera ser veneno- y posteriormente derivados al Centro de Rapaces Ibéricas para su posterior evaluación.
Más de 400 electrocuciones en 2018
Según informan los agentes en nota de prensa, sólo en 2018 se han producido más de 400 casos de electrocuciones de especies protegidas en las provincias de Toledo y Albacete. Se da la circunstancia, además, de que ésta última es pionera en sentencias ganadas a las compañías eléctricas, por lo que se ha convertido en un referente nacional.
Esta información, señalan desde APAM, contrasta con el anuncio de una compañía eléctrica que asegura que invertirá 200 millones de euros en los próximos años para arreglar tendidos eléctricos.
Obligados por la ley
Desde la Asociación de Agentes Mediambientales se considera que es el trabajo, supervisando y denunciando todos los casos por el cuerpo de agentes medioambientales de Castilla La-Mancha y en coordinación con servicios jurídicos de la Junta y con sentencias en los tribunales, el que, a través de la ley de responsabilidad medioambiental y la ley de biodiversidad, “ha forzado a la compañía a realizar esta inversión, por lo que no se trata de una iniciativa propia de la compañía eléctrica, sino más bien de la obligación del cumplimiento de la ley”.
Los agentes medioambientales de Castilla La-Mancha ostentan la condición de agentes de la autoridad y policía judicial genérica, además entre sus varias atribuciones se encuentran la de vigilar y controlar las poblaciones de especies amenazadas.
