“Mucho sacrificio para tan poco beneficio”, “Precios justos para nuestros productos”, o “Basta ya de abusos” han sido algunos de los lemas coreados hoy por las miles de personas que se han manifestado en Madrid.
Provenientes de todas las zonas productoras de olivar, y tras viajar toda la noche en cientos de autocares, los agricultores han querido demostrar su “fuerza y su determinación” para lograr “unas reglas del juego que les permitan tener futuro”.
Según ha informado UPA en una nota, la asistencia a la manifestación ha desbordado las previsiones iniciales, rondando las 50.000 personas. Los organizadores, ASAJA, COAG, Cooperativas Agro-Alimentarias y UPA, han agradecido su presencia a todos los asistentes. Y es que el sector del olivar está en un momento crítico, con unos precios percibidos por los agricultores “completamente hundidos”. En un contexto en el que la demanda crece por encima de la oferta, se ha experimentado una caída de un 44% del precio en origen del aceite de oliva durante el último año, pasando de 3,53 euros/kg en junio de 2018 a cotizaciones por debajo de los 2 euros/Kg en la actualidad, claramente por debajo de los costes de producción, que se sitúan en unos 2,75 euros/Kg).
Esta grave crisis de rentabilidad amenaza la viabilidad de las explotaciones de olivar tradicional y pone en riesgo el modo de vida de más 250.000 familias y cientos de municipios que viven directa e indirectamente de este cultivo. Una nutrida representación de esas familias y esos municipios han demostrado su fuerza en Madrid. Tirar la toalla no entra entre los planes de los asistentes, que remarcan querer “desarrollar su profesión, producir la aceituna que es la base del aceite de oliva virgen extra y quedarse a vivir en sus pueblos”.
Cambios en las leyes para regular el mercado
Según los organizadores, las reglas del juego favorecen a especuladores e intermediarios, que hunden las cotizaciones del aceite destruyendo valor a lo largo de la cadena de valor del aceite. Por ello, los agricultores demandan la activación de los mecanismos existentes, pero también una revisión y reforma completa de los mismos, endureciendo las normas para proteger “a los que lo hacen bien, a los agricultores del olivar tradicional”.
