La investigación analiza las mismas variables utilizadas para la obtención del Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) del INE, replicando preguntas, escalas y categorías de respuesta, junto a otras que, sin intervenir en el cálculo del indicador, completan y ayudan a comprender los resultados. En todos los casos posibles se incluyen medidas específicas sobre el conjunto de la familia, lo que permite desarrollar de forma experimental un indicador de calidad de vida familiar.
Los resultados de la investigación muestran un indicador de calidad de vida 5,59 puntos inferior entre las familias atendidas por Cruz Roja que el que se obtiene para la población general (96,24 puntos/101,83 puntos). En el resultado impactan claramente las condiciones materiales de vida, el empleo, la educación, el ocio y las relaciones sociales.
Cuando se trata de valorar su vida, sólo un 38,7 por ciento de las familias encuestadas manifiestan estar satisfechas con su vida, un dato que contrasta con el 74,7 por ciento correspondiente a la población general.
Perfil
En cuanto al perfil de las familias, el más frecuente es el formado por una pareja con hijos e hijas (58,2 por ciento), pero lo es con un peso mucho menor que en el conjunto de las familias españolas (80 por ciento), en tanto que se da una presencia mucho mayor de familias con núcleo monoparental, sobrerrepresentadas con respecto a su presencia en la población general. El porcentaje de este tipo de familia es 19 puntos porcentuales superior entre la población atendida por CRE. Las encabezadas por mujeres son un 34,5 por ciento y las encabezadas por varones un 4,5 por ciento. La mayor presencia de este tipo de familias entre las atendidas por Cruz Roja ya muestra que se trata de una organización familiar especialmente vulnerable.
Las familias extensas (con presencia de personas no pertenecientes al núcleo de padres, madres e hijos e hijas) representan el 22,9 por ciento. En la mayoría de los casos, la formación de una familia monoparental es la consecuencia de una separación o divorcio, pero en algunos casos se trata, además, de mujeres víctimas de violencia de género. La constitución de familias extensas responde a una estrategia de supervivencia debido a las dificultades que atraviesan, que les permiten compartir recursos económicos, materiales, emocionales y reproductivos entre los miembros adultos, aligerando la sobrecarga de las mujeres que encabezan los hogares con núcleo monoparental.
Niños
Por otra parte, el 92 por ciento de los niños y niñas de la población analizada viven en situación de pobreza infantil. La tasa para el conjunto de la población es del 28,7 por ciento.
La crianza tiene asociados gastos básicos relacionados con la alimentación, la educación, la salud o el abrigo, así como otros gastos extraordinarios. Los discursos de las personas que han participado en los grupos focales que incluye la investigación coinciden en subrayar un incremento sustancial del coste de la crianza. Los mayores incrementos se han dado en alimentos, vivienda, gastos de suministros y gastos extraordinarios, lo que provoca restricciones en la alimentación que no se refieren tanto a la falta de alimentos, sino a la repetición de menús y a privarse de alimentos importantes como la carne o el pescado, algo que preocupa a las familias por las carencias que conlleva. También se señala la falta de acceso a medios de transporte, internet, ordenador u otros dispositivos móviles, con la implicación que esto supone para la educación.
El empleo y las condiciones laborales de estas familias destacan por la baja cantidad y la baja calidad del trabajo. Los datos de precariedad laboral y desempleo son alarmantes. El 40 por ciento de las personas encuestadas que están trabajando lo hacen menos de 20 horas semanales.
Condiciones materiales de vida
En lo que respecta a las condiciones materiales de vida, las familias atendidas por Cruz Roja se sitúan 33,1 puntos por debajo de la población general. Su renta es muy inferior y el 93,4 por ciento tienen dificultades medias o altas para llegar a fin de mes. Uno de los factores que más definen esta situación es la vivienda. Las familias dedican de media un 47,1 por ciento de sus ingresos a los costes asociados a la misma, 7 puntos por encima de la tasa de sobrecarga del coste de la vivienda.
El riesgo de pobreza y exclusión (90.2 por ciento) refleja una situación de mucha mayor vulnerabilidad que el del conjunto de la población española (20,4 por ciento, según la ECV-2022). Además, el 59,4 por ciento de los hogares se encuentra en situación de carencia material severa, aumentando cuando se trata de familias monoparentales (67,2 por ciento) y llegando a suponer 7 de cada 10 familias cuando se trata de las formadas por una madre y sus hijos e hijas.
En la dimensión relativa a la educación, los indicadores de la población atendida son inferiores a los que obtiene la población general, destacando el abandono temprano de la formación (46,3 frente a 13,3 por ciento),
La puntuación obtenida en la dimensión de gobernanza y derechos básicos es, por el contrario, muy superior a la de la población general (153,48 frente a 100). Al igual que la obtenida en la dimensión de medio ambiente. Estos datos, unidos a la bajísima participación social y política de las personas atendidas configuran un panorama preocupante. Aunque es necesario indagar más sobre las razones de estos resultados, una de las hipótesis que parece más plausible es la de la precariedad. Lo acuciante de los problemas cotidianos desenfocan probablemente el entorno y alejan estas temáticas de su esfera motivacional. Por otro lado, la falta de participación es, en sí misma, un elemento clave en el riesgo de exclusión social.
