MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS)
El Gobierno prevé dejar el Registro Civil en manos de los registradores de la Propiedad y Mercantiles, que sufragarán los costes derivados de la prestación de este servicio público, así como sus “honorarios”, mediante la “aplicación de los correspondientes aranceles”. El reparto de los ingresos entre los registradores que formen parte de un registro será el siguiente: el 40 por ciento de los ingresos netos se adjudicará a cada registrador en función de su antigüedad y el 60 por ciento restante, a partes iguales.
Así consta en el borrador del Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, al que ha tenido acceso Europa Press, y que está siendo sometido a consultas con distintos colectivos, con lo que está sujeto a cambios. Este texto prevé una nueva organización de los siguientes registros, de tal manera que queden “unitariamente” organizados: el Civil, Mercantil, de la Propiedad, de Bienes Muebles, de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento, de Fundaciones de ámbito estatal y el Registro de Actos de Ultima Voluntad.
Según reza en la exposición de motivos del citado borrador, esta unificación normativa se hará en torno a “tres ideas básicas”. La primera de ellas es que la “llevanza” de los Registros la tengan los registradores de la propiedad y mercantiles. La segunda consiste en establecer un sistema de los registros jurídicos por medios electrónicos, suprimiendo las anotaciones registrales en papel, incluso el libro de familia y, en tercer lugar, introducir criterios de simplificación de procedimientos e interconexión de sistemas.
Este borrador está suscitando ya polémica por que algunos colectivos han acusado al Ministerio de Justicia de querer privatizar el Registro Civil. Sin embargo, el departamento que dirige Alberto Ruiz Galardón salió ayer al paso para “garantizar” que la gestión del Registro Civil “seguirá siendo pública” cuando se apruebe la nueva Ley. Incluso ha señalado que los actos habituales para los que se recurre al Registro Civil, “como pueden ser la inscripción de nacimientos y las actas de defunción”, seguirán siendo gratuitos para los ciudadanos.
No obstante, en el texto al que ha tenido acceso Europa Press se dice, en la modificación del artículo 21 de la Ley del Registro Civil, que “los registradores de la Propiedad y Mercantiles sufragarán íntegramente los costes derivados de la prestación del servicio público del Registro Civil, incluyendo sus honorarios, mediante la aplicación de los correspondientes aranceles”.
Al dejar en manos de los registradores de la propiedad y mercantiles todos los registros de carácter jurídico, desaparecerán los registros civiles exclusivos y el Registro Civil Central, lo que obligará a un “plan de reordenación de efectivos”.
El propio borrador prevé que estos registros se transformen en Juzgados de Primera Instancia dentro de la misma sede y que los “Encargados de estos Registros Civiles Exclusivos y Central y los secretarios judiciales destinados en los mismos” pasen a ocupar, respectivamente, las “plazas de magistrado y secretario judicial de dichos Juzgados de Primera Instancia.
Este texto también contempla, en la modificación de la Disposición Adicional Sexta, que todas las oficinas del Registro Civil utilicen los mismos sistemas y aplicaciones informáticas y será el Colegio de Registradores el encargado de poner estos sistemas a Registradores, así como del mantenimiento de los mismos y de las aplicaciones. El plazo que establece la Ley para unificar estos sistemas informáticos es de cuatro meses a partir de la publicación de la misma.
IU avisa de que puede pensarse que dar más “privilegios” a los registradores se debe a que Rajoy es uno de ellos
El portavoz de Justicia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha advertido este miércoles de que los ciudadanos pueden pensar que el hecho de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tenga intención de aumentar los “privilegios” de los registradores con su reforma del Registro Civil responde a que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es uno de ellos.
Llamazares considera que “un mínimo de prudencia” debería llevar al Ejecutivo a ser “cuidadoso” con los “privilegios” de los registradores. Y es que, en su opinión, “si aumentan los privilegios de los registradores, los ciudadanos tendrán derecho a pensar que no sólo es porque apoyen lo privado, sino además porque el presidente del Gobierno es registrador”.
El diputado de IU por Asturias ha hecho estas declaraciones a Europa Press tras conocerse la intención de privatizar este servicio público por parte del titular de Justicia, al que ha acusado de ser “un maestro del populismo, un catedrático de las tasas y los repagos y un científico de la privatización”.
A su juicio, Gallardón trata de convertir lo público “en un interés, en un negocio privado”, tal y como hizo en el Ayuntamiento. “En vez de gestionar lo público lo que hace es ponerlo en manos de sus amigos para que hagan negocio: ha empezado por privatizar los matrimonios para los notarios y ahora privatiza el registro y la nacionalidad para los registradores”.
