La Fiscalía General del Estado (FGE) ha remitido este viernes al Ministerio de Justicia una segunda batería de medidas con el objetivo de “agilizar la Justicia” y entre las treinta propuestas se incluye la de organizar el trabajo para la habilitación del mes de agosto.
Esta medida propuesta por el ministro del ramo, Juan Carlos Campo, no ha sido bien vista por jueces, abogados, procuradores y algunas asociaciones de fiscales, que temen que sea poco efectiva a la hora de adelantar trabajo.
Potenciar más los acuerdos por delitos leves
En ese documento, la FGE propone también a Campo el desarrollo del principio de oportunidad -acuerdos- en los delitos leves según las recomendaciones del Consejo de Europa, evitar la repetición de declaraciones de las víctimas en la fase de investigación y enjuiciamiento en determinados delitos, simplificar y agilizar la comparecencia de los perjudicados en los procedimientos por delitos, y medidas específicas en materia de trata de seres humanos, cuyas victimas “han de ser atendidas de manera prioritaria”.
También incluyen medidas relacionadas con la potenciación de la mediación, así, proponen el fomento de la justicia restaurativa con mediación intra-procesal, y la ampliación del ámbito objetivo y de la conformidad del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos y para el procedimiento abreviado.
Juzgados de violencia exclusivos
Además, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, propone la potenciación de los juzgados de violencia de género exclusivos, optimizar los recursos procesales y personales en la jurisdicción de menores, normalizar los atestados policiales para el impulso y simplificación del procedimiento penal, y priorizar la atención sanitaria frente a otras pruebas de determinación de la edad.
En el marco de las nuevas tecnologías, desde la FGE quieren que crezca el uso del sistema de videoconferencia en todos los órdenesjurisdiccionales, que se dé un impulso a la ‘Justicia Digital’ con un sistema de gestión procesal único para todo el territorio nacional y que se trabaje en una agencia tecnológica para la administración de justicia. Por último, se considera necesaria la creación o continuación de los instrumentos de coordinación institucional surgidos a raíz de la crisis.
