Los obispos diocesanos de la Provincia Eclesiástica de Madrid -Madrid, Alcalá de Henares y Getafe- han reclamado en una nota conjunta “vías seguras” de entrada que eviten “el sufrimiento” de los migrantes, así como que se estudie una “regularización extraordinaria”.
El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo Cano; el obispo de Getafe, Ginez García Beltrán, y el de Alcalá, Antonio Prieto Lucena, han mostrado también su preocupación por la situación de las personas retenidas en el aeropuerto de Barajas, así como por las acogidas en el acuartelamiento Primo de Rivera de Alcalá de Henares y por la situación del reabierto Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche en la capital.
En concreto, los obispos diocesanos de la Provincia Eclesiástica de Madrid se han dirigido “a la Iglesia que peregrina en estas diócesis”, a la sociedad de la que forman parte y “a las personas y administraciones que tienen algún tipo de responsabilidad pública en el ámbito de las migraciones”, con el fin de compartir estas “inquietudes” y “alentar la buena práctica de la acogida y la hospitalidad”.
“Los pueblos y ciudades de nuestras diócesis reciben a muchas personas migradas y solicitantes de asilo que buscan un lugar en el que salir adelante y llevar a cabo los sueños de una vida digna que no pudieron realizar en sus países de origen. Sin embargo, nos duele mucho constatar que son enormes las trabas y las dificultades con las que bastantes de ellos se encuentran al llegar aquí a la hora de desarrollar su proyecto vital”, subrayan en su comunicado.
Así, se han referido a los solicitantes de asilo retenidos en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, así como a la situación de los que han sido alojados en Alcalá, sobre lo que advierten de que “resulta imprescindible un plan integral y coordinado de atención y acogida”.
“Nos llegan testimonios de personas trasladadas allí de que son privadas de facilidad de movimientos. También de las dificultades por mantener la higiene mínima y el acceso a ropa, especialmente de abrigo”, subrayan, al tiempo que alertan de “trabas para la solicitud de asilo y otros trámites administrativos”.
“Preocupante opacidad”
En este sentido, los prelados se han referido a las informaciones sobre la “existencia de expulsiones del centro sin otra alternativa que la calle”. Sobre este punto, subrayan como “preocupante” la “opacidad de la gestión” que están realizando las instituciones implicadas, “sin facilitar datos de la situación y sin permitir la ayuda de otras entidades civiles”.
También expresan su preocupación por la realidad del CIE de Aluche, objeto de “múltiples denuncias presentadas ante el Defensor del Pueblo y los jueces de control”, sin olvidar que “en este momento está en curso una investigación por presuntas agresiones denunciadas por una cincuentena de internos”.
Por otro lado, y ante el “forzoso limbo jurídico” en que se mantiene a las personas desplazadas durante varios años, “dificultando su acceso al mercado laboral en plenitud de derechos y deberes”, los tres obispos plantean que “se estudie una regularización extraordinaria”, como “han propuesto múltiples organizaciones tanto civiles como eclesiales”.
“Como ya se ha dicho en numerosas ocasiones, proponemos que se aborden vías de entrada a nuestro país seguras, ágiles y regulares que eviten el sufrimiento y la descohesión social”.
“Graves dificultades” para acceder a una cita
También reiteran las “graves dificultades” de las personas migradas para “acceder a una primera cita para solicitar la protección internacional o asilo y las complicaciones para renovar las documentaciones”.
“De esta realidad se aprovechan las mafias y los que explotan su vulnerabilidad. Sabemos que la migración es un signo de nuestro tiempo y una oportunidad para nuestra sociedad. Por eso, con el Papa Francisco, hacemos una llamada ilusionada al agradecimiento, a la esperanza y al compromiso”, apostillan.
Por último, señalan que la experiencia de “buenas prácticas de acogida y hospitalidad” que ya están llevando a cabo en las tres diócesis de la provincia eclesiástica muestran “el enriquecimiento que estas buenas prácticas suponen para la sociedad y para la Iglesia”.
