OCU solicita garantías ante la nueva ley que prohíbe las llamadas comerciales. Hasta ahora no se exigía en las llamadas comerciales un consentimiento previo por parte del usuario como fija la nueva norma, únicamente se reconocía el derecho a oponerse al tratamiento de los datos personales, y solicitar el fin de estas comunicaciones no deseadas.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado el trámite de audiencia de una Circular sobre comunicaciones comerciales no solicitadas que previsiblemente se va a aprobará en breve y, antes de la entrada en vigor del artículo, y servirá para fijar los criterios de su actuación en la aplicación de esta normativa.
Según recientes estudios de OCU, en la práctica resulta imposible identificar qué empresa está detrás en dos de cada tres llamadas comerciales, y sólo en una de cada diez llamadas se consiguió información clara para poder cancelar la información registrada y la solicitud de baja.
OCU entiende que no debería haber una interpretación tramposa de la nueva norma por las empresas de telemarketing, y que dicho consentimiento ha de ser expreso e inequívoco.
Por lo tanto, este avance normativo debería suponer un cambio significativo en el spam telefónico donde predominan las llamadas aleatorias e indiscriminadas principalmente de operadores de telefonía (47%), energía (30%) y sector financiero (15%).
En cualquier caso, la inclusión de los datos de los usuarios en la Lista Robinson puede resultar un elemento probatorio en caso de incumplimientos flagrantes por parte de los operadores, que deberían seguir consultando en su caso con carácter previo este u otros sistemas de exclusión publicitaria.
OCU recuerda que en el supuesto que el usuario continúe recibiendo estas llamadas que no se ajustan a la normativa puede oponerse expresamente, y solicitar la baja de sus datos, en caso de no cumplir o justificar la oposición al tratamiento de los datos, aconseja formalizar la oportuna denuncia a través de la Agencia Española de Protección de Datos.
